Se han escrito muchas líneas y se han hecho muchas reuniones sobre el tema del Ecocidio cometido en las tierras, donde hoy Argos y cinco compañías constructoras levantan el proyecto Ciudad de Mallorquín. Y es que el tema sigue abierto porque si hoy hay 80 hectáreas afectadas con la construcción de 16.000 apartamentos, todavía existe la pretensión de adicionar sobre las 150 hectáreas que no se han desmontado, otros 58.000 apartamentos para completar una ciudadela de 74.000 unidades habitacionales y unos 250.000 habitantes.
Se contempla además que las aguas servidas de los primeros 55.000 habitantes se llevarían directo al Río Magdalena, sin considerar una PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). Igual plan tienen con las aguas servidas que transporta el Arroyo León, dentro del Proyecto de Recuperación Ambiental de la Ciénaga de Mallorquín. Esos dos proyectos serían un arponazo contra el Río Magdalena en su desembocadura, que ni siquiera resistirán los pocos tiburones sobrevivientes en Bocas de Ceniza.
Por las razones ambientales anteriores, hice una cronología detallada con el fin de identificar a la entidad que dió inicio a este despropósito. Y es fácil identificar que fue la Corporación Regional Autónoma (CRA), quien a través de la resolución 000072 del 27 de enero del 2017, adopta la revisión y ajuste al POMCA de la Ciénaga de Mallorquín y los Arroyos Grande y León, al pasarla de Vegetación Secundaria Baja a Zona de Expansión Urbana. De allí en adelante las autoridades de Puerto Colombia ajustan el PBOT y Argos se acoge a todos los cambios.
Después de conocer que el área en discusión estaba protegida no solo por el Pomca original, sino además a partir de 1998 por el convenio Ramsar para la protección del Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena y de la Ciénaga Grande de Santa Marta, único convenio de importancia internacional para Colombia, se pregunta uno ¿cómo pudieron cometer semejante atentado?. Ahora como autoridad ambiental regional, igual pueden con otro decreto revertir y salvar las 150 hectáreas sin tocar. Pero además ejercer como autoridad ambiental sobre la AAA, porque no es razonable que una empresa de servicios imponga decisiones tan importantes como botar las aguas residuales directamente al Río Magdalena.
Camilo J. Manotas B.
