En el más reciente capítulo del foro Creer en la Costa, realizado por EL HERALDO en la ciudad de Cartagena, se desarrolló un panel clave sobre vivienda y energía que reunió a actores estratégicos de ambos sectores. La discusión fue moderada por Viany Pérez, macroeditora del diario, y contó con la participación de Irvin Pérez, gerente regional de Camacol Bolívar, y Nancy Osorio, directora comercial de Afinia.
En un contexto de creciente demanda urbana y crisis institucional, los expertos coincidieron en que los territorios no pueden solos y que se necesita una política pública sólida y coherente desde el Gobierno nacional para resolver los grandes desafíos que enfrenta la región.
“El déficit de vivienda en Cartagena supera las 10.000 unidades anuales. Hoy apenas se construyen 8.000 y el 40% de ellas son informales”, advirtió Pérez, al señalar la gravedad de la situación habitacional.
El gerente de Camacol Bolívar lamentó que el país haya abandonado una política de vivienda que venía dando resultados. Según explicó, el programa ‘Mi Casa Ya’ sufrió modificaciones que han tenido efectos negativos directos en los indicadores del sector: las iniciaciones de obra cayeron y el empleo en la construcción se contrajo, afectando también a 36 sectores económicos vinculados.
No obstante, destacó los esfuerzos locales: Bolívar implementó incentivos tributarios como la exención de impuesto predial para jóvenes y pensionados, y el Distrito de Cartagena asignó 10.000 millones de pesos para subsidios habitacionales, lo que permitió entregar 400 auxilios en un año.
“El problema no es técnico ni económico, es político. No hay voluntad para resolver el déficit porque el subsidio va al comprador, no al político”, sentenció el líder gremial en este espacio.
Por su parte, Nancy Osorio presentó el panorama energético regional y los esfuerzos que viene adelantando Afinia para garantizar un servicio sostenible y eficiente, sobre todo en sectores vulnerables. La empresa ha invertido 1.2 billones de pesos en Bolívar, con 390 mil millones destinados exclusivamente a Cartagena.
“La transición energética no es un lujo, es una necesidad urgente. Estamos trabajando en generación distribuida con paneles solares y comunidades energéticas”, afirmó Osorio.
La ejecutiva explicó que el programa ‘Energía a la medida’, que ya beneficia a más de 600 hogares en Cartagena, permite a los usuarios controlar su consumo y reducir sus facturas. No obstante, reconoció que la empresa enfrenta una crítica situación financiera, derivada del retraso en el giro de subsidios estatales, que ya suman 731 mil millones de pesos reconocidos pero no entregados, y deudas oficiales por casi 400 mil millones.
“Los subsidios aparecen en la factura, pero ni el usuario los paga ni el Estado los gira. Así no es posible sostener el servicio”, expresó Osorio con preocupación.
Ambos panelistas coincidieron en que se requieren reglas de juego claras y estables, tanto para el desarrollo urbano como para la prestación de servicios. Evidenciaron que en Cartagena, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aún está pendiente de consolidación, lo que genera inseguridad jurídica para el sector inmobiliario.
Además, se subrayó que la inversión privada puede ser aliada del desarrollo social, mediante mecanismos como cargas urbanísticas e incentivos por edificabilidad adicional. Sin embargo, esto solo es viable con un marco normativo previsible.
“Construir viviendas no es suficiente. Hay que construir ciudadelas con dignidad: con servicios, vías, parques y sostenibilidad energética”, concluyó Irving Pérez.
En su intervención final, Osorio hizo un llamado a la corresponsabilidad institucional: “La sostenibilidad energética no es solo tarea del operador. Necesitamos que el Gobierno pague los subsidios, que los usuarios paguen el servicio y que las normas incentiven el desarrollo responsable”.
El panel cerró con un mensaje contundente: la articulación público-privada está dando frutos, pero el esfuerzo local ya no alcanza. Para que la región Caribe avance en sus desafíos estructurales, se requiere una visión nacional decidida, recursos bien invertidos y políticas públicas que se centren en cerrar brechas y garantizar derechos básicos como la vivienda y la energía.
