La Procuraduría General de la Nación ha emitido un contundente llamado a las autoridades locales para que refuercen la implementación de políticas públicas dirigidas a atender la creciente problemática de los habitantes de calle en la ciudad. La procuradora regional de Instrucción de Bolívar, Ana Joaquina Petro, ha señalado con preocupación el incremento de personas en situación de vulnerabilidad en zonas emblemáticas como el Centro Histórico, Getsemaní y la Plaza de Cervantes.
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La situación se extiende a otros sectores de la ciudad, incluyendo La Popa, Bazurto, y barrios como San Pedro y Los Alpes, donde la presencia de habitantes de calle se ha vuelto cada vez más evidente.
En respuesta a esta crisis social, la Procuraduría ha requerido al alcalde de Cartagena, Dumek José Turbay, al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padaui, y a los alcaldes de los municipios aledaños, que implementen acciones concretas para brindar una atención adecuada a esta población vulnerable. La procuradora Petro instó a cada entidad territorial a reportar las medidas adoptadas en el marco del Plan de Atención Territorial para Personas Habitantes de Calle.
“El llamado de la procuradora regional de Instrucción de Bolívar, Ana Joaquina Petro, se fundamenta al ver que día a día en sectores como el Centro Histórico y, específicamente, en lugares como Getsemaní y la Plaza de Cervantes, entre otros, aumenta la proliferación de estas personas (...) En tal sentido, la procuradora regional propuso a cada entidad territorial informar sobre las medidas que han adoptado frente a la situación y a los objetivos contemplados en el Plan de Atención Territorial para Personas Habitantes de Calle”, se lee en el comunicado.
Entre las acciones sugeridas, se destaca la necesidad de realizar censos para identificar y caracterizar a esta población, lo cual permitirá diseñar programas y servicios que garanticen sus derechos. Además, se les ha solicitado elaborar rutas de atención y proporcionar información sobre las partidas presupuestales destinadas a estos programas.
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El Ministerio Público ha enfatizado la urgencia de atender estas necesidades y ha advertido que intensificará el seguimiento para evaluar el cumplimiento de los compromisos, metas y responsabilidades asumidas en el Plan de Atención Integral para Habitantes de Calle.
“En ese propósito, las entidades territoriales deberán identificar y caracterizar a esta población por medio de censos que permitan crear los programas y servicios que garanticen sus derechos. Asimismo, tendrán que diseñar rutas de atención e informar sobre partidas presupuestales destinadas para estos programas”.
