La investigación que adelanta la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias y que revela un presunto detrimento patrimonial por más de 264 mil millones de pesos en la Alcaldía Mayor tiene enfrentada a las dos entidades.
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Mientras la alcaldía de Dumek Turbay Paz denuncia que la Contraloría Distrital cometió irregularidades legales y constitucionales, el ente de control advierte sobre el millonario detrimento que habría sido cometido en los contratos entre el Distrito de Cartagena de Indias y La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), así como el contrato GISAA suscrito entre el Distrito de Cartagena y Aguas De Cartagena.
La molestia del Distrito radica en que, según ella, “la Contraloría Distrital de Cartagena, en cabeza de Ángela Cubides, ordenó hacer allanamientos a diferentes dependencias de la Alcaldía de Cartagena, amparada en las circulares N. 014 del 24 de diciembre y 015 del 30 de diciembre, ejerciendo facultades de control fiscal previo. Estas actuaciones no llegaron a buen puerto, pues el Distrito resaltó que legalmente no tiene este poder, según la Constitución Política de Colombia; las cuales solo tiene el contralor general de la República”.
Por ello, el Comité Central de Auditoría, compuesto por todos los jefes de Control Interno de las dependencias del Distrito, le envió un oficio a la contralora distrital, respecto a su control fiscal del cierre de la vigencia de 2024, señalando varias irregularidades respecto a la Ley colombiana y la Constitución. “El control fiscal ejercido por la Contraloría Distrital no puede efectuarse de manera previa, modalidad proscrita por la Constitución Política. Ni siquiera cabe la excepcional figura del control preventivo y concomitante”.
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Seguirá con sus funciones
Sobre el particular la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias en cabeza de Ángela María Cubides González, anunció que seguirá en cumplimiento de su misionalidad, con las atribuciones legales y constitucionales en la lucha contra la corrupción por cuanto dichas circunstancias colocan en riesgo el recurso público de todos los cartageneros y la transparencia de la gestión pública de la ciudad.
Hallazgos
A su vez señala en un comunicado de prensa que tras la realización de la actuación especial de fiscalización en relación al contrato celebrado entre el Distrito de Cartagena y Aguas de Cartagena identificaron 5 hallazgos con incidencia administrativa, 2 de ellos con incidencia fiscal, uno con presunta incidencia penal y 3 con presunta incidencia disciplinaria.
El detrimento patrimonial es por la suma de $ 239.553.224.598.
En otra actuación especial de fiscalización al contrato No 059, suscrito entre el Distrito de Cartagena de Indias y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la Contraloría evidenció 12 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tienen incidencia fiscal, 12 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 con presunta incidencia penal por irregularidades en el cumplimiento y ejecución del mencionado contrato, el detrimento patrimonial asciende a la suma de $ 25.248.552.858.
“Hallazgos que encienden las alarmas del ente de control sobre las series de anomalías de la eficiencia y eficacia de la inversión de los recursos públicos. Por lo anterior la Contraloría Distrital de Cartagena se permite informar que realizará los traslados de los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y penal a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que adelanten los trámites que correspondan según su competencia haciendo un llamado para que hagan presencia en relación a estas situaciones especiales, los hallazgos que tienen incidencia fiscal fueron trasladados a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de este órgano de control para su estudio y análisis”.
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El Distrito por su parte le recriminó a la contralora Cubides “las actuaciones del órgano de control a su cargo” y en consecuencia, solicitó que ejerza sus funciones dentro del marco previsto en la Constitución, la ley y las guías expedidas por la Contraloría General de la República, sin extralimitarse en su ejercicio y con respeto de los términos legales establecidos.
En su comunicado la Alcaldía indica que lo ocurrido, según voces políticas de la ciudad, es producto de “una retaliación por la modificación presupuestal que el Distrito hizo de su órgano de control, en el Presupuesto del Distrito en 2025″.
