En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que el manejo indebido de los recursos públicos perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades de las mujeres para escapar de entornos de violencia.
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En Colombia se cometen en promedio tres feminicidios al día, 46 niñas se convierten en víctimas de agresión sexual, mientras que 120 mujeres adultas también sufren este tipo de violencia a diario.
La violencia contra las mujeres no es solo económica, las cifras de violencia intrafamiliar, abuso y feminicidios son un recordatorio constante de la urgencia de nuestro compromiso; la violencia no puede ser tolerada en ninguna de sus formas.
De acuerdo con Contralor General “el manejo indebido de los recursos perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades de las mujeres para escapar de contextos de violencia. Una gestión eficaz y transparente es vital para asegurar que los recursos destinados a la prevención y atención del maltrato, realmente lleguen a quienes más lo necesitan; exigiendo un seguimiento estricto y transparente al uso de los recursos públicos destinados a programas de equidad de género, atención a víctimas y promoción de derechos de las mujeres”, aseguró el jefe del órgano de control.
Así mismo resaltó que una de las recomendaciones para la erradicación y prevención de la violencia es el fortalecimiento Institucional, con el objetivo de mejorar los sistemas de protección y atención a víctimas de violencia de género. Garantizar recursos suficientes para implementar programas que reduzcan las brechas de género y protejan a las mujeres.
También se refirió a la necesidad de fortalecer el sistema judicial priorizando los casos de violencia de género, ofreciendo rutas claras y eficientes para la denuncia, así como protección efectiva a las víctimas. La formación en perspectiva de género para funcionarios públicos es esencial para garantizar una atención adecuada y respetuosa, señaló.
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En Colombia, la violencia contra la mujer constituye una grave vulneración de los derechos humanos y un desafío estructural que requiere del compromiso de toda la sociedad. El silencio perpetúa la impunidad, en cambio, la denuncia fortalece la justicia y respalda los esfuerzos colectivos por erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, afirmó igualmente.
El Contralor Rodríguez hizo un llamado para la prevención de este flagelo. “Hacemos un llamado a la acción a no ser indiferentes ante esta realidad, es imperativo que las instituciones, la sociedad civil y cada ciudadano trabajemos juntos para construir un país donde las mujeres puedan vivir sin miedo; cada acción orientada a la prevención y el apoyo directo salva vidas”, resaltó el Contralor General.
Cada recurso invertido en combatir la violencia de género y reducir las brechas es una inversión en la construcción de un país más justo e inclusivo. La Contraloría General reitera su compromiso con la vigilancia y control riguroso de estos recursos, porque proteger la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres no es solo una responsabilidad ética, sino un imperativo del Estado Social de Derecho, concluyó.
Actuaciones de control fiscal
Entre el año 2018 y el 2022, Colombia destinó 5.4 billones de pesos con el propósito específico de cerrar las brechas de género entre hombre y mujeres denominado el “XIV. Pacto de equidad para las mujeres”. El órgano de control ha identificado deficiencias en el seguimiento de estos recursos, incluyendo irregularidades en su ejecución y subejecución presupuestal.
La Contraloría adelantó en la vigencia 2023 una Auditoría de Desempeño para evaluar la eficacia en la implementación de programas gubernamentales clave dirigidos al cumplimiento de las metas ODS 1 – “Poner fin a la Pobreza”. Este análisis incluyó un enfoque en las acciones destinadas a mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19, con una perspectiva de género, abarcando las vigencias 2020 y 2021.
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Se auditaron 12 entidades gubernamentales, entre las que se destacan el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Salud, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y el Ministerio de Educación, evaluando programas estratégicos relacionados con la medición de políticas públicas, ingreso solidario, atención a la primera infancia, alimentación escolar y vivienda digna, entre otros.
La importancia de los programas auditados radica en su impacto directo en la mitigación de la pobreza, la protección social y la reactivación económica en contextos de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, se revisaron iniciativas como el Programa de Apoyo al Empleo Formal, el Fondo Solidario para la Educación y el Programa de Alimentación Escolar, esenciales para garantizar derechos fundamentales y reducir desigualdades de género durante y después de la pandemia. Estos esfuerzos de auditoría subrayan la relevancia del control fiscal en asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y en alineación con las metas de desarrollo sostenible, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión pública y la equidad social.
En desarrollo la Auditoría de Desempeño 2023, se establecieron nueve (9) hallazgos, entre ellos: deficiencias en la cobertura y monitoreo del Programa de Alimentación Escolar (PAE); falta de seguimiento en el control nutricional de la primera infancia por parte del ICBF; diferencias en la información reportada por Alimentos para Aprender y SINERGIA; ejecución insuficiente del programa “Casa Digna, Vida Digna”; baja participación de pequeños productores en el apoyo agropecuario; y carencias en mecanismos de medición y evaluación en diversos programas gubernamentales .
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