El Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena tumbó la tutela que había sido instaurada por la empresa Promotora Calle 47 en contra del Distrito de Cartagena por el caso del edificio Aquarela.
Este recurso había sido radicado el pasado 25 de septiembre por la empresa, en la que pedía que el agente especial Ángel Rodríguez adelantara una serie de acciones, les entregara información de la intervención, y además les suministrara copia del concepto integral que emitió y que se encuentra en estudio de Control Urbano.
Además de la Secretaría de Planeación y la Dirección de Control Urbano, la empresa vinculó a su tutela también a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Dian.
En el estudio jurídico de la jueza Ingrid Elena Reyes Palmera, el Distrito, a través del agente especial interventor, señaló que no puede satisfacer las peticiones de Promotora 47, entregándoles el concepto integral y que no tiene por qué rendirles informe de sus acciones a la empresa intervenida.
La tesis de la jueza determinó que Promotora 47 tienen restringidos sus derechos debido a la intervención y que, por lo tanto, la no respuesta del agente especial a sus peticiones no vulnera sus derechos.
En ese sentido, el juzgado desestimó la tutela y resolvió negar el amparo al derecho fundamental de petición y al acceso a la información pública. Además, la jueza ordenó desvincular a Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y demás entidades relacionadas por haberse resuelto de fondo el asunto.
El caso
Cabe recordar que luego del inicio del desmonte gradual de la edificación, el pasado 22 de marzo, la Alcaldía de Cartagena, por medio de la Dirección de Control Urbano, tomó posesión el 22 de abril de la oficina en Medellín de Promotora Calle 47, constructora de la torre, y embargó sus bienes en aras –según la administración distrital– de salvaguardar los derechos de las familias damnificadas por el fallido proyecto.
El director de Control Urbano, Emilio Molina, lideró el embargo y secuestro de todos los bienes de la constructora. El operativo –según dijo– fue el resultado de dos meses de estudio por un equipo jurídico y urbanístico del Distrito.
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“Fue una medida preventiva que busca, con la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la constructora, salvaguardar y proteger de forma especial y preferentemente los derechos de todas las personas que invirtieron en dicho proyecto y a fin de preservar, mantener y recuperar el derecho a la vivienda digna, el orden público y económico”, expuso en su momento el Distrito de Cartagena.
En ese sentido, la administración de Dumek Turbay designó a Ángel Rodríguez Sánchez como agente especial, quien como representante legal de la sociedad “revisa el estado de la empresa, para definir si la toma de posesión de los bienes será para administrarla o liquidarla”.
