El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, acudió a la justicia para hacer que los propietarios de los inmuebles que están en deterioro en el Centro de la ciudad y que revisten peligro para la ciudadanía, respondan por ello.
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En total la administración identificó 57, de estos de los cuales 14 están en Getsemaní, 35 en el Centro Histórico y 8 en La Matuna.
Turbay Paz instauró la acción popular ante el Tribunal Administrativo de Bolívar para que sean salvaguardados los derechos colectivos de cartageneros y visitantes, frente al peligro inminente que representan dichas infraestructuras en mal estado.
“Hemos demandado a los propietarios de estas casas para que respondan con su obligación de asumir que los balcones, que las casas estén en el mejor estado. Tienen una obligación y, ante su renuencia, por eso hemos decidido iniciar una acción legal contra ellos. En el Centro Histórico de la ciudad son muchas las familias importantes que son propietarias, así que, sin ningún tipo de exclusión ni distingo de nada, tienen que cumplir. Y frente a esto, si no lo hicieron bajo la recomendación nuestra, tienen que hacerlo ahora bajo una acción legal”, enfatizó el mandatario.
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Con la acción popular le apuestan a que se materialicen las siguientes pretensiones en favor de los cartageneros y el patrimonio de la ciudad:
1. Amparar los derechos fundamentales y colectivos de los cartageneros y turistas a la vida, al goce del espacio público, a la defensa del patrimonio cultural, a la seguridad y salubridad públicas, al derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a la realización de las construcciones dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, consagrados en el artículo 4 de la ley 472 de 1998, vulnerados por los accionados.
2. Que los accionados ejecuten las intervenciones de “reforzamiento estructural”, y en general, las reparaciones y medidas de conservación que eliminen el peligro que producen los inmuebles por el estado de deterioro, con el fin de detener la amenaza, vulneración y agravio sobre los derechos e intereses colectivos, y mitigar los riesgos generados.
3. Que se ordene a los accionados evitar la vulneración de los derechos e intereses colectivos, y acatar las recomendaciones impartidas por el Distrito de Cartagena, orientadas al mantenimiento y preservación de las edificaciones del Centro Histórico.
4. Que se ordene que las intervenciones o acciones se ejecuten en armonía y cumplimiento de las condiciones patrimoniales, estéticas y paisajísticas del entorno.
5. Que, en el caso de que las medidas de protección que sean ordenadas no sean cumplidas en un término razonable por los accionados, serán ejecutadas por la Administración Distrital, con derecho al recobro a los particulares.
