La Alcaldía de Cartagena comenzó a gestionar ante el Ministerio de Cultura y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la demolición del polémico edificio Aquarela construido a escasos metros del Castillo San Felipe de Barajas. La construcción del proyecto pone en riesgo la declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad de la ciudad.
El anuncio lo hizo la noche de este martes la jefa de la Oficina Jurídica, Myrna Martínez, quien explicó que la decisión fue adoptada por la administración distrital luego del concepto jurídico entregado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).
El alcalde William Dau y el director de la Agencia, Camilo Alberto Gómez Álzate, sostuvieron un encuentro el pasado 5 de octubre.
El concepto se recibió mediante el convenio que se logró entre la administración y la ANDJE desde junio de 2020, y que entre sus objetivos está tener una opinión especializada en la defensa de lo público, que sirva de apoyo sobre temas, que dado su complejidad desde el punto de vista jurídico, ameriten un nuevo soporte que sirva de guía, para que las decisiones adoptadas desde Alcaldía sean las más acertadas y responsables con los intereses colectivos, declaró la funcionaria.
La Agencia recomendó que la edificación debe ser destruida por completo, como quiera que existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, emanada de la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción.
Por lo anterior la acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dijo la jefa de la Oficina Jurídica.
También consideró la Agencia que técnicamente las propuestas de la Promotora Calle 47, constructora del proyecto Aquarela, 'no aportaron condiciones de seguridad que garanticen que no habrá afectaciones en la edificación y viviendas aledañas, igualmente, jurídicamente, la demolición parcial es inviable'.
Para Martínez, este concepto constituye un instrumento jurídico importante para la administración, por lo cual se viene adelantando su estudio.
'Hemos recibido recomendaciones y estamos realizando los análisis y las revisiones para proceder, consideramos que es un instrumento jurídico importante y nos da una tranquilidad para efectos de proceder con la eventual demolición de esta estructura, documento que, además, encuentra correspondencia con lo que esta Alcaldía había decidido, luego que la constructora pidió ante la Curaduría Urbana la modificación de la licencia y esta fuera negada en febrero del presente año, y confirmada recientemente por parte de la Secretaría de Planeación', añadió.
'Estamos buscando el acompañamiento de todas las entidades comprometidas en este caso para dar la mejor solución y principalmente no poner en riesgo la situación jurídica del Distrito, la Nación, ni de ninguna de las entidades llamadas a atender esta situación', anotó.
La funcionaria dijo además que la Alcaldía de Cartagena en mesas de trabajo concertadas por la Procuraduría General de la Nación, ya habían logrado un avance con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para efectos de evaluar la situación y materializarla a través de la entrega de recursos que nos permitan proceder con la eventual demolición, así mismo se vinculó al Ministerio de Cultura.
