La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al Curador Urbano No 1 de Cartagena, Ronald de Jesús Llamas Bustos, y al exgerente (e) de Corvivienda, Luis Alberto Vélez Carrasquilla (2014 – 2016), por presuntas irregularidades en la expedición de la licencia de construcción y certificación de vivienda de interés social al proyecto multifamiliar Aquarela.
Simultáneamente dio traslado para el inicio de posibles acciones disciplinarias contra funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía de Cartagena, entre ellos el actual mandatario, William dau Chamat y su antecesor, Pedrito Tomás Pereira Caballero.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Provincial de Cartagena, al parecer Llamas Bustos autorizó que el proyecto tuviera 31 pisos, lo que supera la altura permitida por el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- de la ciudad y las disposiciones para proyectos de vivienda de interés social –VIS-. Esa situación ha afectado el cono visual del Castillo de San Felipe de Barajas que tendría en riesgo su calificación como Patrimonio Histórico de la Humanidad.
Además, señalan que aparentemente el Curador Llamas habría concedido la licencia de construcción en un terreno que se encuentra por fuera de la zona de expansión urbana, establecida en el POT para el desarrollo de proyectos VIS en la ciudad.
Al exgerente (e) de Corvivienda la Procuraduría le cuestionó la presunta expedición al proyecto multifamiliar Aquarela del certificado de vivienda de interés social, sin que al parecer contara con los estudios previos que permitieran clasificar el terreno donde se realizaría la construcción, como apto para el desarrollo de programas VIS.
Por esos hechos, el Ministerio Público profirió dos cargos disciplinarios contra Llamas Bustos, calificados como presuntas faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima. Por su parte, la aparente falta de Vélez Carrasquilla fue calificada como grave a título de culpa grave.
Traslado para acciones disciplinarias
De otra parte, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa dio traslado para el inicio de posibles acciones disciplinarias contra diez funcionarios y exfuncionarios de la administración de Cartagena, por presuntas negligencias u omisiones en la adopción de medidas para reparar los daños ocasionados por la construcción del proyecto multifamiliar Aquarela y el desplome del edificio Blas de Lezo II, donde murieron 21 personas y otras 22 resultaron heridas.
El traslado incluye como presuntos implicados al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat; el exalcalde de la ciudad, Pedrito Tomás Pereira Caballero; el secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome Peñaranda; el secretario de Planeación, Guillermo Ávila Barragán; el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Distrital, Fernando Abella Rubiano, y el inspector de Policía de la Comuna 2, Renzo Javier Orozco Ribón.
También se dio traslado contra los exsecretarios de Infraestructura, Clara Calderón y Edgar Marín Támara; la exjefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Distrital, Laura Mendoza Bernett, y la exinspectora de Policía de la Comuna 2, Paola Serna Tobías.
Sobre el proyecto multifamiliar Aquarela, el informe señaló que tanto funcionarios de la administración anterior como la actual han incurrido en presuntas conductas omisivas, al no ejecutar las órdenes de demolición en los eventos en que sea necesario y lograr la restitución del espacio público invadido por ese proyecto.
El informe resaltó que ante las deficiencias de sismo resistencia que presenta la estructura, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Distrital ha omitido convocar al comité para evaluar la posibilidad de hacer una declaratoria de calamidad pública frente a esa edificación.
Recalcó que las presuntas irregularidades presentadas con la construcción del proyecto multifamiliar Aquarela 'ponen en grave riesgo el rótulo de Patrimonio Histórico de la Humanidad que posee dicha ciudad, además de violar derechos colectivos como lo son el espacio público y la seguridad y la salubridad pública'.
Indicó que esas conductas omisivas podrían calificarse como faltas disciplinarias graves y gravísimas, y tener, incluso, connotaciones penales para los posibles responsables.
Por el desplome del Edificio Blas de Lezo II, el documento señaló que las administraciones han incumplido, sin justificación alguna, los compromisos adquiridos en el Plan de Normalización Urbanística, sobre todo en lo relacionado con la necesidad de demoler 7 de los 16 edificios construidos por la familia Quiroz, por no cumplir las normas de sismo resistencia.
En el informe se llamó la atención sobre el hecho de que tres de esas construcciones, Alpes 31, Portal de los Alpes y Portal de Blas de Lezo I, presentan un avanzado deterioro estructural y amenazan ruina, con el agravante de que algunos propietarios están ocupando nuevamente los edificios desalojados por el incumplimiento en el pago de los subsidios de arriendo.
