Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Bolívar hizo un llamado a que se adopten las medidas necesarias para garantizar la 'seguridad jurídica' a la que puede estar expuesta el sector Construcción, tras el requerimiento de la Procuraduría y el Ministerio de Cultura de ordenar a la Alcaldía de Cartagena demoler el edificio Aquarela.
La agremiación del sector construcción señaló que el Ministerio de Cultura estaría desconociendo las situaciones jurídicas consolidadas y el principio de legalidad al solicitar a la Alcaldía tomar decisiones sobre 'un informe que no hace parte del expediente de ninguno de los procesos jurídicos que enfrenta el proyecto habitacional Aquarela'.
Lo anterior, explicó Camacol, debido a que es un juez de la República 'la autoridad llamada a dar instrucciones del caso'.
La agremiación hace referencia a un informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que emitió un concepto que señala que el polémico proyecto Aquarela presenta fallas y que la única forma de restituir el espacio público que ocupa es demoliendo el edificio.
En este sentido, la gerente de Camacol Bolívar, Angélica Salas, indicó: 'La actividad edificadora en Cartagena se encuentra en vilo a pesar de que los empresarios, partiendo de la confianza legítima y de la presunción de legalidad de las normas vigentes, estructuran un proyecto, solicitan y obtienen todas las autorizaciones y permisos que la Ley exige, venden el proyecto y lo ejecutan, pero luego se ven enfrentados a una suspensión que desconoce los derechos legalmente adquiridos a través de las licencias'.
Por lo que, la gerente puso de presente que a pesar de que el sector puede aportar a Cartagena crecimiento social y económico, en especial por la necesidad de proveer viviendas a la población de menos recursos, esto no puede darse si 'la inestabilidad jurídica y la falta de institucionalidad no se erradican, en el marco de un trabajo en el que tanto el sector público como el privado ejerzan sus responsabilidades de acuerdo con la Ley'.
