La Policía, la Dian, la Fiscalía, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de España, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Agencia de Control de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, se incautaron en el puerto de Cartagena de US$8,5 millones en mercancía ilegal.
Fueron 16 diligencias de allanamiento y registro a igual número de contenedores de carga procedentes de Asia, los cuales transportaban elementos de aseo falsificados y que tenían a Venezuela como destino final.
Eran 1'507.206 unidades de productos de aseo personal falsificados, avaluados en cerca de US$8,5 millones.
'Estos productos no contaban con registros fitosanitarios, lo que representaba un alto riesgo para su uso y/o consumo, ya que sus componentes eran desconocidos', advirtió el ente policial.
Agregó la entidad que dentro de la primera fase de la investigación 'se cumplieron procesos de perfilación interagencial, enfocados en ubicar mercancías falsificadas. Siguiendo esa línea, se inició el seguimiento a redes criminales dedicadas a ingresar productos de origen extranjero a través de la ruta China-México-Colombia-Venezuela. De esa manera, se establecieron algunas de las modalidades delictivas más utilizadas. Por ejemplo, ante la falta de operación de los puertos venezolanos, Colombia se convirtió para los delincuentes en un punto estratégico para el descargue de los productos, gracias a su privilegiada ubicación geográfica. Posteriormente, la mercancía falsificada era llevada hacia territorio venezolano en pequeñas cantidades, en especial a través de ciudadanos que utilizan rutas ilegales, para no despertar sospechas y tratar de evadir el control de las autoridades. Otra parte de la mercancía se comercializaba en Colombia', se lee en el comunicado.
Los investigadores lograron determinar, además, que en ocasiones la red criminal triangulaba la mercancía. Es decir, cuando esta lograba cumplir su ciclo de entrega final en Venezuela, posteriormente era devuelta a Colombia a través de distintas modalidades, entre las que figura el paso por rutas ilegales, donde terminaba siendo comercializada para obtener un mayor provecho económico. Esta operación fraudulenta ha sido investigada, también, por agencias internacionales, teniendo en cuenta el potencial impacto en la salud pública de los ciudadanos de los países destinatarios de estas mercancías, entre otros Colombia y la Unión Europea.
