El Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez no salió del asombro cuando uno de los asistentes de la oficina de prensa del ente en Cartagena le recordó que en su poder estaba la fotografía que en exclusiva EL HERALDO y AL DÍA habían tomado del director de Distriseguridad, Víctor Hugo Arango, en el mismo momento en el que el funcionario de carácter distrital se tomaba una selfie con Liliana del Carmen Campos Puello, alias La Madame.
Campos es la principal sospechosa de encabezar una red de trata de personas con fines de prostitución, atrapada durante la ‘Operación Vesta I’, adelantada el pasado mes de agosto en Cartagena.
'¿Cómo?', fue la principal y única reacción del jefe del ente acusador cuando se le confirmó de parte del equipo periodístico de la Fiscalía que se le había enviado por medio electrónico la muy particular gráfica captada durante la celebración del día de la virgen de Las Mercedes, al interior de la Cárcel Distrital de San Diego, donde se encuentra recluida Campos Puello a la espera de una audiencia, el próximo 16 de octubre donde un juez local determinará si sigue recluida en el centro penitenciario o le otorga la casa por cárcel, como lo pidió la defensa de la presunta proxeneta.
'Voy a llamar al alcalde (Pedrito Pereira) para que me explique eso. No puede ser que cuando toda la justicia de un país se encuentra luchando contra estas redes de trata de personas, un funcionario público haga eso. Le voy a pedir explicaciones del caso', dijo el Fiscal en conversación exclusiva con EL HERALDO.
La indignación del funcionario de la justicia nacional era más que evidente toda vez que minutos antes cuando anunció una nueva aprehensión por un nuevo caso de prostitución de un ciudadano extranjero con una menor de edad, criticó a los medios de comunicación que han hecho de la acusada Campos Puello 'toda una celebridad, quien ha tenido el coraje de acusar a la justicia de ser un show', dijo Martínez Neira.
Sostuvo que 'no podemos permitir que se articulen cajas de resonancia para deslegitimar la acción de la justicia', sostuvo durante la rueda de prensa.
La imprudencia del jefe de la seguridad en Cartagena, Víctor Arango, ha quedado resguardada por un hermetismo muy particular de parte de la máxima autoridad de la ciudad, el alcalde (e) Pedrito Tomás Pereira Caballero, a quien de manera directa a través de su jefe de prensa Aníbal Therán, este medio le ha pedido una entrevista personal sobre el hecho y se ha negado en varias ocasiones a sostenerla.
Mientras que otros sectores de la opinión pública han pedido que se apertura una investigación disciplinaria contra el Director de la Cárcel de San Diego por no tomar en cuenta los protocolos de seguridad y al acceso de aparatos de comunicación como quedó evidenciado en la fotografía del funcionario con ‘La Madame’.
'El director de la cárcel no aplicó los protocolos de seguridad durante la celebración de la fiesta de Las Mercedes, lo que queda evidenciado a la luz de la Ley 65 de 1993 del Código Carcelario y 1709 de 2014 sobre el régimen de visitas', explicó por su parte el abogado Eric Urueta Benavides, director de la Veeduría de la Rama Judicial en Cartagena.
Sobre el caso del director de Distriseguridad, Urueta agregó que 'debe haber un pronunciamiento de parte del gobierno local porque contrasta con el repudio que a nivel internacional se hace de la condición de celebridad de ‘La Madame’ mientras acá hay un silencio total sobre el hecho. Se está mandando un mensaje equívoco a la sociedad e incongruente con la posición del mismo alcalde frente a otros hechos de prostitución'.
Entretanto, el mismo 16 de octubre se conocerá la condena que tendrá que purgar el capitán retirado de la Armada, Raúl Danilo Romero Pabón, también capturado durante la ‘Operación Vesta I’ y señalado por las autoridades de obligar a las menores de edad a tatuarse las iniciales de su nombre en sus cuerpos.
El ex miembro de la organización militar se declaró culpable de los cargos que le imputó la Fiscalía General. Junto con él están pendientes los casos de la mujer que le ayudaba a reclutar a las menores de edad, Hilary Madero, y el hombre que las tatuaba, Jhon Padilla.
Artículo 16A
Artículo adicionado por el artículo 9 de la Ley 1709 de 2014. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá realizar todas las acciones necesarias para limitar el uso de equipos terminales de comunicaciones así como controlar y/o impedir las comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos penitenciarios y/o carcelarios del país.
Para cumplir con ese propósito, la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios deberá incluir en el diseño y construcción de los establecimientos penitenciarios y/o carcelarios los requerimientos técnicos necesarios que impidan, por parte de los internos el uso de dispositivos de comunicaciones no autorizados.
