El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartagena admitió una acción popular con la que se busca que la Alcaldía inicie cuanto antes una serie de obras civiles que protejan a los habitantes del barrio La Quinta de un eventual derrumbe del Cerro de la Popa.
La Personería de Cartagena, autora de este recurso, advirtió que 'es de público conocimiento la violación de los derechos colectivos de los habitantes de las faldas de la Popa por las vulnerabilidades de estas personas ante la amenaza de un posible derrumbamiento de varios sectores del cerro'.
'Pese a los requerimientos realizados no observamos en la respuesta emitida por el Distrito de Cartagena que se hayan tomado medidas idóneas y necesarias para garantizar la seguridad de las personas que habitan en barrios aledaños al Cerro de la Popa como La Quinta, Las Delicias, El Toril y La María', dice uno de los apartes de la acción popular firmada por el personero William Matson Ospino.
De acuerdo con el Ministerio Público, con este recurso se pretende que 'se ordene al Distrito de Cartagena a que se ejecuten los estudios y las obras de mitigación ante el inminente peligro de derrumbamiento de las laderas del Cerro de la Popa, la ejecución de programas de reubicación o desalojo temporal si fuera necesario'.
Matson Ospino explicó que en comunicación enviada a la Alcaldía de Cartagena a finales del año inmediatamente anterior, se le advertía al alcalde (e) Sergio Londoño Surek que 'la situación que viven muchas familias que habitan en ese sector es preocupante, viven en una constante zozobra de saber que serán eventualmente afectadas por un derrumbe'.
En la comunicación, fechada el 5 de diciembre de 2017, se instaba a la administración distrital para que adoptara acciones que garantizaran 'los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes del barrio La Quinta, la protección del medio ambiente sano del Cerro de la Popa y el derecho a la vivienda digna y patrimonio de sus habitantes'.
