Una vez superado el contratiempo del impedimento que tendría la Jueza Tercera de Control de Garantías fue reasignado un nuevo togado para adelantar la audiencia de legalización de captura en el caso que se le sigue al director de la Corporación Autónoma Regional del Canal Dique, Olaff Puello, tres funcionarios más y dos personas más capturadas.
La razón del impedimento, fue expuesta por el abogado David Sandoval Meléndez, apoderado de Katherin Martelo, una de las funcionarias capturadas, quien le habría solicitado a la jueza declararse impedida teniendo en cuenta que él también representaba los intereses del señor Edgardo Rafael Deulofeu, contraparte en un proceso disciplinario que afronta la jueza.
Así las cosas y luego de definir el nuevo togado que llevaría a cabo las diligencias legales, se reiniciaron las audiencias a las 5:50 de la tarde con el fin de establecer las legalizaciones de las capturas.
Una vez concluya esta diligencia se dará inicio a la imputación de cargos y que estarían relacionados con la contratación fantasma, peculado por apropiación agravado por la cuantía, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.
El ente investigador pretende evidenciar con el acervo probatorio que los aprehendidos habrían participado en el desvío de recursos por más de $27.900’000.000. Para ello se tiene previsto que la Fiscalía presente como parte de las evidencias 220 contratos, documentos falsos, entre los que se tienen facturas, planos topográficos, registros fotográficos los cuales fueron usados para certificar la presunta ejecución de los contratos.
Según la Fiscalía con base en el material probatorio recaudado, se pudo conocer que no existieron los estudios técnicos que respaldarían la necesidad del objeto de cada uno de los contratos. Por el contrario, lo habrían justificado con un documento del año 2010, elaborado por una universidad de Costa Rica, que no tiene relación alguna con las funciones y ni el objetivo de Cardique.
Los hechos
Los hechos que dieron origen a estas capturas se remontan al pasado mes de febrero cuando la Contraloría General de La República informó sobre hallazgos fiscales que superaron los $23.000 millones. Además de poner en conocimiento lo que sería un ‘carrusel de la contratación’ en desarrollo de dos procesos de auditoría realizados en 2017, sobre el año fiscal 2016.
Estas firmas contratistas, aseguró el ente de control, 'compartieron los servicios de un mismo contador público', que presentaba y avalaba los estados financieros de todos los oferentes.
De la misma forma presentaron la topografía elaborada por el mismo topógrafo para los 146 contratos evaluados por la CGR, durante la vigencia 2016, y el mismo no contaba con matrícula profesional. De acuerdo con la Contraloría se hicieron dos auditorías en 2017 porque en un primer ejercicio realizado, el equipo auditor encontró 51 hallazgos de tipo administrativo por una cuantía de $5.313 millones.
Posteriormente, en la segunda auditoría, se encontraron irregularidades que podrían haber generado un detrimento patrimonial por $18.154 millones en 44 hallazgos. Es decir, que producto de las dos auditorías adelantadas por la CGR en el año 2017 a Cardique se logró identificar un presunto detrimento por $23.467 millones.
Tras el informe de la Contraloría, Puello había advertido que la corporación había actuado con apego a la ley y que todas las obras contratadas se ejecutaron en su totalidad y generaron un impacto favorable al medio ambiente y a las comunidades circunvecinas a la Ciénaga de la Virgen.
