En virtud de un fallo con responsabilidad fiscal de la Contraloría General de carácter definitivo, la Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales (Colinam) deberá resarcir con el pago de $1.174 millones el daño que causó al Estado al apropiarse y manejar indebidamente un anticipo de $919 millones.
Los recursos de regalías, que se dieron en 2009 a la Alcaldía de Calamar (Bolívar) para construir y mejorar viviendas de interés social que tenían como beneficiarios a damnificados de la ola invernal de 2007.
La actuación de este contratista, que ha estado involucrado en casos similares de incumplimiento en otros municipios del departamento, como San Pablo (en los años 2011 y 2012), afectó a 225 familias, que resultaron doblemente perjudicadas, primero por la ola invernal y luego por el incumplimiento en la construcción de viviendas de interés social con las cuales se iban a mejorar sus condiciones tras el desastre ambiental.
A través de la Dirección de Juicios Fiscales, el organismo de control dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal contra la Corporación proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar por este caso, y determinó que la cifra del daño patrimonial, con el ajuste por inflación, corresponde a $1.174 millones.
Mínima ejecución. Las irregularidades se dieron la ejecución del contrato de obra No. 001 de 2009, por un valor total de $3.770 millones, suscrito por la administración municipal de Calamar con la Corporación Colombiana de Investigaciones Ambientales y Estudios Sociales – Colinam.
El contrato financiado con recursos provenientes en más del 80% del Sistema General de Regalías, tenía por objeto la construcción de 225 viviendas de interés social rural y mejoramiento de 71 viviendas de interés social – VIS, para damnificados de la ola invernal, en los corregimientos de Hato Viejo, El Yucal y Barranca Nueva, del municipio de Calamar.
Como ha sucedido en casos sonados como el llamado 'carrusel de la contratación' y se ha dado en otros más, a lo largo del país, el contratista Colinam, pese a contar con un anticipo del 30% para dar inicio a las obras, no solo incumplió el objeto contractual, pues apenas ejecutó una parte mínima de las mismas, y eso con condiciones técnicas y de calidad deficientes, sino que se quedó con buena parte de los recursos que recibió.
El contratista recibió un anticipo equivalente a $934 millones, con la obligación de entregar el 40% de las obras, sin embargo, al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, las obras solo presentaron un avance del 13.3%.
De las 225 viviendas de interés social que debía construir, el contratista sólo intervino 43, de las cuales no todas estaban en condiciones técnicas viables para ser habitadas; otras incluso fueron terminadas.
Uso indebido del anticipo
A pesar de los requerimientos efectuados tanto por la interventoría como por el municipio de Calamar, para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, este usó indebidamente el anticipo y no invirtió los recursos entregados.
El avance en obra no fue coherente con los recursos públicos que la administración municipal entregó al contratista, en calidad de anticipo.
