La polémica por la construcción del complejo Multifamiliar Aquarela, cerca del Castillo de San Felipe, no cesa. Cuatro meses cumple la obra suspendida y, a las demoledoras palabras emitidas por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo el pasado jueves, se suma la audiencia de carácter policivo que se celebró este viernes durante toda la mañana en la sala de ventas del proyecto urbanístico.
La diligencia legal comenzó a las 9:00 de la mañana y fue presidida por la inspectora de Policía número 12, Paola Serna Tobías, con la que se pretende definir si el polémico proyecto continúa suspendido.
En ese orden de ideas, con la jornada se retomaron aspectos concernientes a la suspensión de la obra desde el pasado 24 de octubre de 2017 e igualmente se revisaron los cumplimientos de lo dispuesto por la autoridad ambiental y de policía.
Debido a que los cuestionarios son de carácter técnico y requieren respuestas de autoridades específicas como Control Urbano, Procuraduría y Secretaría de Planeación, se acordó suspender la diligencia para el próximo 3 de abril, cuando se pueda contar con los aportes técnicos y despejar varias de las dudas que se tienen al respecto.
Lucas Tamayo, representante legal de la obra, aclaró que el pronunciamiento de la inspección de Policía se hizo con relación al acta de sellamiento de la edificación el año pasado y esto dista mucho de la acción popular o de nulidad que cursa en el Juzgado Décimo y Primero respectivamente y que fueron interpuestas en su momento por parte del Ministerio de Cultura y la Procuraduría General de la Nación.
De momento, todo reposa en manos del juez quien a mediados de este mes estará dando a conocer el fallo con base en estas acciones legales; sin embargo, Tamayo precisó que con la labor que se adelanta con la inspección policial aguarda que se levante la suspensión sobre la edificación pues desde el año pasado en cartas remitidas al EPA y a la Inspección de Policía se lograron superar los impases de la suspensión o de sellamiento.
La obra se encuentra hoy suspendida por dos motivos fundamentales. El primero de ellos, el ambiental y el policivo que cursa desde octubre y que no se ha levantado y, el segundo hace referencia a la acción popular o cautelar decretada por el Juez Décimo que decretó el sellamiento de la obra.
A tres meses de que se adelante la reunión de la Unesco para determinar si el Patrimonio de Cartagena estaría en riesgo o no, los constructores han insistido en que la obra no se encuentra en el área de influencia del Castillo de San Felipe. Este ha sido el origen de un laberinto del que aún no se encuentra la salida.
Hablan los compradores
Los compradores de los apartamentos se hicieron presentes en la diligencia, y reclamaron porque, según ellos, el Ministerio Público no los ha tenido en cuenta en sus actuaciones, y no ha velado por sus intereses.
'A pesar de saber que hay unos compradores de buena fe, que estamos siendo afectados, ni la Procuraduría ni la Personería nos ha buscado, y han dicho en medios que nosotros tenemos que ir hasta los despachos y buscarlos, incumpliendo la protección a nuestros derechos que deben garantizarnos', indicó Gastón Gaitán, presidente de la asociación de propietarios de Aquarela ASPROAQUA.
Según los directivos del proyecto Aquarela, esta audiencia debió realizarse en el mismo mes de octubre pues ya ellos habían tomado los correctivos. Sin embargo, afirman, la inspectora de policía no atendió sus llamados para realizarla.
