Solos, así aseguran sentirse las familias que en menos de una semana por orden de un despacho judicial, tendrán que abandonar sus apartamentos ubicados en uno de los 16 edificios que están en riesgo de colapsar y que fueron edificados ilegalmente por parte de la familia Quiroz.
Pese a que los miembros de este clan está tras las rejas, las víctimas que obtuvieron sus viviendas de buena fe, sienten hoy que no hay quien les responda y no avizoran soluciones ni a corto ni mediano plazo. Ven de buena manera que ha comenzado a hacerse justicia en los estrados judiciales pero los dineros invertidos en sus bienes y los planes de acción por parte del Distrito están muy lejos.
Javier Doria, abogado de por lo menos 40 de las familias afectadas, explicó que las evacuaciones se han dado en un 80 % debido a la estela de riesgo inminente que ha cobijado a los edificios y que ha sido evidenciado en los estudios que se presentaron.
Explicó además que las familias han tenido que salir a buscar refugio en las residencias de allegados o amigos porque no cuentan con los recursos suficientes para responder por las obligaciones bancarias y los servicios de los apartamentos y el arriendo de una nueva vivienda.
El abogado sostuvo que se espera que la Administración Distrital asuma el compromiso y el fallo ordenado por el juez; sin embargo, frente al silencio que impera en el ente territorial, puntualizó que ayer mismo radicó en la alcaldía un derecho de petición en el que le pide al distrito le explique a las familias cómo avanzan los planes de acción.
Los edificios han sido evacuados en un alto porcentaje. Sin embargo, en aquellos donde no se evidencia un alto riesgo continúan viviendo. En su momento, el distrito sostuvo que las evacuaciones estaban por el orden del 65 % y ninguna de las familias decidió llegar a los albergues que fueron adecuados de manera provisional en el coliseo de combate.
'La juez advirtió que el distrito debía diseñar un plan de contingencia, que tenía que respondernos por subsidios de arriendo y realizar nuevos estudios, eso hasta ahora no ha ocurrido, hay un silencio absoluto y nos ha tocado enfrentar esta realidad sin ningún tipo de apoyo', dijo Viloria.
Desde la alcaldía de Cartagena, se aseguró que están concentrados en las cotizaciones de los nuevos estudios y en la definición del valor de los subsidios de arriendo. Los residentes piden que se haga exactamente como dijo el juez, es decir, un subsidio de acuerdo al estrato socioeconómico.
