Tras haber sido revocada la solicitud de medida de aseguramiento que les permitía gozar de la libertad, y luego de 20 días, la familia del concejal Américo Mendoza, decidió entregarse ayer en la mañana a la Fiscalía haciéndose efectiva así la orden de captura proferida por un juez el pasado 30 de enero.
De esta manera se colocaron a órdenes del ente investigador en el bunker del barrio Crespo de Cartagena, Olga Lucía Pérez Gutiérrez, Flor Elena Pérez Gutiérrez, Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez quienes, al parecer, estarían solicitando revocar la medida privativa de la libertad para seguir bajo su condición inicial. El núcleo familiar del concejal Américo Mendoza Quessep fue enviado a la cárcel en cumplimiento a la medida de aseguramiento intramural ordenada por un juez de la República.
Los familiares del cabildante afrontan un proceso tras haber sido imputados por los presuntos delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Según las investigaciones, estas personas, tendrán que responder por la presunta apropiación de recursos del ICBF para la atención integral a 3 mil 744 beneficiarios entre niños de cero a cinco años, madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar, para ejecutarse durante la vigencia de 2015.
Los hechos se refieren a presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 de diciembre 30 de 2014 por valor de $7.818’524.064, suscrito entre el ICBF y la Fundación Prociencia.
En el 2016, La Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar, presentó a estas cinco personas capturadas, ante una juez de Control de Garantías de Cartagena, quien en primera instancia acogió los argumentos del abogado defensor Inocencio Meléndez, para sustentar que los recursos del ICBF no eran dineros públicos, y logró que negaran las medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía.
Los implicados quienes ya habían sido capturados el pasado nueve de diciembre de 2016, fueron dejados en libertad porque, según la Juez de control de Garantías, Yesenia Bonfante, los recursos del contrato no eran dineros públicos y no encontró méritos para imputar medida de aseguramiento con detención intramural o domiciliaria. Estos argumentos fueron desvirtuados por otro juez teniendo en cuenta que los capturados podrían obstruir la justicia y no dejar que el proceso avanza debidamente.
