Un complejo industrial a gran escala y una red dedicada a la falsificación de útiles escolares fueron desmanteladas por parte de la Fiscalía. En total fueron capturadas 17 personas que se daban a la tarea de falsificar kits escolares y textos académicos.
Fueron varias las denuncias que recibió el ente investigador que, más allá de poner en evidencia las pérdidas económicas que esta actividad ilegal generaba al sector editorial, permitieron conocer que los elementos vendidos a los padres de familia no cumplían con los requerimientos de calidad y durabilidad.
Con detalles sobre la ubicación de los puntos de fabricación y comercialización de los útiles escolares falsificados, el CTI de la Fiscalía Seccional Bolívar realizó la operación denominada Los Académicos. En diligencias de allanamiento y registro a dos locales comerciales y a una vivienda ubicada en el barrio Chiquinquirá, en la que se elaboraban los libros, fueron capturadas 17 personas en flagrancia. Los investigadores las encontraron en el proceso de impresión y acondicionamiento de los textos, muchos de ellos estaban empacados e iban a ser entregados a domicilio.
Entre los detenidos están: el representante legal de los dos establecimientos y cuatro ciudadanos venezolanos. Adicionalmente, fueron incautadas 32 impresoras a color multifuncionales, tres fotocopiadoras, cuatro guillotinas, una refiladora, ocho computadores y 2.680 libros falsificados de varias editoriales.
Las audiencias concentradas se cumplieron por procedimiento abreviado (ley 1826 de 2017), y las Fiscalía acusó a los procesados por violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, cargos que solo fueron aceptados por el representante legal.
Por su parte, el juez suspendió el poder dispositivo sobre los elementos incautados con fines de comiso y cobijó a los capturados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia.
El delito de violación a los derechos patrimoniales de autor está consagrado en el artículo 271 de Código Penal y la pena oscila entre cuatro y ocho años de prisión, y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
