En un laberinto sin salida y una situación adversa bastante compleja se encuentran hoy las 108 familias que fueron obligadas a evacuar los 273 apartamentos de los 16 edificios donde residían y que ahora, según la Fiscalía están ante una posible amenaza de colapso o desplome, luego de tener como cimiento un informe técnico de la Universidad de Cartagena.
En carretas, en camiones, de manera improvisada y con muchas de sus pertenencias al hombro comenzó la diáspora de estas familias cartageneras que con lágrimas en sus ojos miraban hacia atrás dejando parte de su patrimonio y el sueño por el que algún día habían luchado incansablemente: su vivienda.
Una de las afectadas, Ángela Barón, decidió vender su residencia en la capital de la República para venirse a la Heroica al lado de su compañero sentimental. Fueron 115 millones de pesos que le costó uno de los apartamentos en Portal de Los Caracoles I, construido por los hermanos Quiroz.
Los ahorros de toda su vida fueron invertidos en esta residencia y hoy, según ella, le han ordenado evacuar por peligro de colapso. El edificio donde vive no tiene grietas ni vibra, no está en mal estado. 'Nosotros descubrimos el tema porque yo iba a vender el apartamento, y cuando hice las diligencias para el impuesto predial, y descubrimos que no teníamos licencia de construcción, que era falsa', explica Barón.
Barón afirma que no va a salir de su vivienda, y mucho menos ir a un albergue. 'Necesitamos soluciones. No queremos ir a albergue, queremos que nos respeten nuestra inversión. No queremos plata, queremos una reubicación decente, o que se tomen las medidas que el Distrito no tomó hace tres años cuando no se dieron que estaban construyendo', puntualiza.
Catorce de estos edificios en total, según reportó la Fiscalía, fueron construidos por parte de la firma constructora de los Quiroz, los mismos sobre los cuales recayó la responsabilidad del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II donde fallecieron 21 personas.
Una jornada extenuante
El censo de la Secretaria del Interior dio cuenta de que 61 familias salieron voluntariamente de sus residencias; mientras que otras aguardaban en los apartamentos a la espera de los fallos de la audiencia preliminar que se adelantó en el complejo judicial ante la juez tercera penal con funciones de control de garantías Yuri Ponce.
La fiscal titular del caso Olga Esquiven contó con el apoyo y respaldo de las representantes del ente investigador Carmen Arias y Liliana Guardo. Los cargos sobre los cuales se adelantó esta diligencia preliminar fueron urbanización ilegal; con ella se pretenden crear medidas de protección para que se adopten los planes de prevención y mitigación de riesgos que obviamente incluyen las medidas de evacuación de los edificios.
Los alrededores del complejo judicial durante todo el día permanecieron atiborrados de víctimas que tuvieron que salir de sus casas por cuenta de un estudio que adelantó la Universidad de Cartagena y que determinó la amenaza. Javier Doria, uno de los abogados de las víctimas, precisó que la presencia de ellos obedece a que todos los afectados puedan percatarse del procedimiento de la audiencia que ha iniciado el ente investigador.
Precisó que los que se busca es que no haya un proceso de revictimización para las personas que hoy día son propietarios de los apartamentos de los edificios en mención. El abogado manifestó que son respetuosos de los informes técnicos que hasta el momento hay con relación al estado de la infraestructura de estos edificios pero lo que aspiran a conseguir es un proceso de concertado en el que las personas puedan salir de sus propiedades hasta cuando se sepa con claridad lo que va a ocurrir.
'Lo que pretendemos es que se resuelva con claridad esta situación y que se le diga a las víctimas para dónde van, en cuánto tiempo se va a solucionar el problema de fondo y qué autoridades van a responder por los posibles perjuicios que se le puedan estar ocasionando a estas familias', precisó el abogado.
El abogado señaló que las personas se encuentran en un laberinto sin salida pues se comenzó un proceso sin que ni siquiera las personas hubieran tenido la oportunidad de controvertir el informe técnico. Está claro que, en un respeto por el debido proceso, se tiene que dar un proceso concertado y estructurado. 'La idea es revisar los avances y la proyección del informe para hacer la oposición que esto requiere'.
Omisión de las entidades públicas y obrar de mala fe resumen en gran parte lo que este proceso representa para los abogados de las víctimas como un tema de fondo; sin embargo si se quiere que las familias desocupen en su totalidad se necesita un mecanismo de concertación para esto.
No estaba la firma constructora
Extrañeza y desconcierto generó ayer el que los representantes de la firma constructora de Wilfran Quiroz no se encontraban en la sala de audiencias. Al ser consultado Juan Royero el abogado de este para el proceso de Portales de Blas de Lezo II y por el cual se le dio la casa por cárcel, manifestó que no tenía poder alguno para representar a los Quiroz.
Por su parte la Fiscalía manifestó que las diligencias se adelantaron para que estuvieran presentes los representantes de la constructora y no se logró que ocuparan el sitio como responsables de la edificación de 14 de los 16 edificios. 'Yo no asistí porque yo solamente soy abogado de Wilfran Quiroz en el proceso que se sigue por el desplome del edificio de Blas de Lezo . En otros asuntos no. Y en este especial de los 16 edificios no soy su abogado ni lo seré', precisó el abogado a El HERALDO.
De igual forma, la fiscalía comentó que fue necesario iniciar la investigación con un número diferente al del proceso que se le adelantó a Quiroz por Portales de Blas de Lezo. Hoy Wilfran Quiroz afronta además de la casa por cárcel un incidente de reparación integral. Para el proceso de investigación se tuvieron en cuenta las informaciones recaudadas con base en el informe técnico de la Universidad de Cartagena.
Fue necesario por parte del ente investigador hacer llegar notificaciones a los que decían ser los administradores de los edificios o los delegados y representantes que no asistieron a la diligencia judicial. Una vez esta concluya y tras las conclusiones se espera que se lleve a cabo un comité especializado donde se tendrá en cuenta el fallo pero EL HERALDO conoció que muy posiblemente se hará una sugerencia para que se tenga en cuenta un segundo estudio de una universidad como la Industrial de Santander o la Nacional de Colombia.
Lo que se ha logrado establecer es que ninguna de las obras contó con licencia de construcción legal y en muchos de los casos se falsificó hasta la matrícula de los ingenieros. Esto sumado a las conclusiones del estudio de la Universidad de Cartagena da como resultado un riesgo inminente para los propietarios.
En su momento la Cámara Colombiana de la Construcción en Bolívar ratificó que ninguna de las construcciones de la familia Quiroz, responsable de la tragedia del barrio Blas de Lezo en Cartagena, cuenta con el aval de la entidad.
Patricia Galindo, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción capitulo Bolívar, confirmó que las construcciones edificadas y en proceso de ejecución a cargo de los hermanos Quiroz no cuentan con los permisos respectivos ante las curadurías y mucho menos estaban relacionadas o asociadas a Camacol.
La también presidente del Consejo Gremial de Bolívar resaltó que en su momento aportó la documentación necesaria a las autoridades para anexarla en la investigación que adelanta la Fiscalía y dar con el paradero de estas personas.
La Universidad de Cartagena
Finalmente, la Universidad de Cartagena, precisó ayer que ninguno de los edificios cumple con la norma de sismo resistencia, ni con las con las normas urbanísticas. Siete están en mayor riesgo. Solo tres tenían diseños estructurales pero no cumplieron lo que estos sugerían.
Arnoldo Berrocal Olave, jefe del departamento de estructuras, precisó que el trabajo del estudio se adelantó desde el pasado mes de agosto hasta el mes de diciembre y los resultados se entregaron el 29 de este mes. El ingeniero sostuvo que las 16 edificaciones analizadas por parte de la U de Cartagena son vulnerables a las cargas que están siendo sometidas.
Precisó que ninguna de las construcciones contaba con diseño de algún tipo de especificación y, por lo tanto, no existe ningún cumplimiento de alguna norma. 'Lo que en muchas de las construcciones se precisó en los diseños no se cumplió'.
El ingeniero puntualizó que las edificaciones tienen a no caerse y tener estabilidad pero el estudio se fundamentó en la norma nacional que nunca se tuvo en cuenta para adelantar dichas obras. 'Esto permite que las edificaciones no se caen independiente de que tengan cinco o seis años. Lo que analizamos aquí es que no cumplen con la norma', concluyó.
