La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Juez Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena suspender de manera inmediata la construcción del proyecto de vivienda multifamiliar ‘Aquarela’, ubicado en el barrio Torices de la capital de Bolívar, con el fin de proteger los derechos e intereses superiores de la Nación.
Como medida cautelar solicitó la suspensión de las resoluciones que otorgaron las licencias de construcción y modificaron el POT, así como la cesación inmediata de las obras que adelanta el constructor. De no adoptarse, se podría generar un grave perjuicio a las familias que adquieran de buena fe los apartamentos.
El Ministerio Público indicó que con la licencia que otorgó la Curaduría Urbana No 1 se vulneraron gravemente los derechos e intereses colectivos a la moralidad pública, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, del patrimonio cultural e histórico de la Nación, y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y con prevalencia del beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
La solicitud de la Procuraduría fue presentada en apoyo a la petición hecha por el Ministerio de Cultura, que actúa como parte demandante ante el Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena.
La Entidad llamó la atención sobre la afectación por contaminación visual que generarán las cuatro torres de 31 y 32 pisos, con casi 94 metros de altura y 772 apartamentos.
Las más de 3.000 personas que ocuparían las viviendas representan una carga poblacional adicional que podría impactar negativamente la calidad de vida de los habitantes del sector.
A juicio del Ministerio Público la construcción del complejo habitacional representa una grave amenaza para la conservación y protección del Centro Histórico de Cartagena y su zona de influencia, pues las cuatro torres impiden drásticamente la visibilidad desde el centro histórico hacia el Castillo de San Felipe de Barajas, y viceversa, con lo cual se afectan notablemente las características arquitectónicas y urbanas de la ciudad antigua en su conjunto.
Para el Ministerio Público preocupa y alarma la falta de medidas oportunas y urgentes encaminadas a prevenir la inminente afectación del paisaje urbano en el Paseo Bolívar, la alteración del estado emocional de los ciudadanos, y la pérdida del valor escénico o paisajístico que puede repercutir negativamente en el potencial turístico y económico del centro histórico de Cartagena, especialmente en el área de influencia del Castillo San Felipe de Barajas.
En su intervención, la Procuraduría dejó ver que la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena al expedir la circular que creaba, modificaba y complementaba las normas del POT de la ciudad, no respetó las disposiciones sobre protección del patrimonio cultural, las cuales prevalecen frente las normas de ordenamiento del territorio.
Adicionalmente, se atribuyó la facultad de modificar o adicionar el POT, con lo que otorgó la posibilidad de construir viviendas de interés social sin limitaciones en su altura, trasgrediendo las disposiciones existentes para la construcción de vivienda multifamiliar en el barrio Torices.
