Por orden del juez Segundo Promiscuo Municipal de Magangué (Bolívar) Marcelo Torres Benavides, exalcalde de ese municipio entre 2012 y 2015, fue enviado a la cárcel la Picota de Bogotá. El hombre estará recluido en el Pabellón Especial para Servidores Públicos del centro carcelario.
La decisión se tomó en desarrolllo de las investigaciones que se adelantaron en su contra por presunta contratación indebida.
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Según la investigación del ente acusador, Torres Benavides habría suscrito irregularmente en septiembre de 2015 un convenio con la cooperativa Coomsalud, para la atención alimentaria de menores entre los 0 y 5 años de edad, y de apoyo a las madres gestantes. El contrato que sería respaldado con dineros de regalías aparentemente no tuvo en cuenta las obligaciones que fija la ley para este tipo de programas.
La Fiscalía reveló una serie de inconsistencias presentadas al suscribir dicho contrato. Al parecer, el convenio no se suscribió a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y fue otorgado de manera directa a la cooperativa Coomsalud. Tampoco existió un diagnóstico de seguridad alimentaria y nutricional de la población infantil de nivel 1 y 2 del Sisbén, ni hubo un listado priorizado de las madres gestantes a atender.
Tampoco fue articulado el programa con los planes territoriales de salud ni se tuvieron en cuenta las directrices del Plan Nacional de Salud Pública.
A estas irregularidades también se suma la desatención a observaciones jurídicas hechas al convenio por ausencia de firmas en los estudios previos, falta de comunicación y aprobación de varios procedimientos, entre otras falencias.
En las investigaciones la Fiscalía también encontró hojas de vida de profesionales que presuntamente cumplieron actividades como Nutricionistas, Administradores, Economistas y Fisioterapeutas, quienes en entrevistas con el ente acusador manifestaron que nunca prestaron sus servicios para dicho convenio.
Igualmente, La Fiscalía reveló que el convenio suscrito también tenía como acuerdo la construcción de una sala de apoyo para la lactancia materna y adecuación de espacios en el Hospital La Divina Misericordia de Magangué, pero las obras no se realizaron.
Según la Fiscalía, por la celebración de este convenio Coomsalud recibió 924 millones de pesos, que fueron pagados en tres contados.
El primer pago se registró el 16 de octubre de 2015 por 300 millones de pesos. El segundo pago se realizó el 19 de octubre del mismo por año 162 millones, y el tercer y último se hizo el 31 de diciembre de 2015 por 462 millones de pesos.
En ese sentido el juez Segundo precisó '… que el marco jurídico para aquel tipo de contratación, no fue el adecuado', se estaría ante una apropiación de recursos y un detrimento patrimonial, a través de un convenio con el que el alcalde de Magangué 'no promovió los derechos de los más desfavorecidos'.
En la intervención, el juez también censuró a la pasada Administración de Magangué por pagar la totalidad del contrato sin que se hubiera cumplido con lo dispuesto en el mismo, y señaló: 'De nada sirven la políticas sociales del Gobierno cuando en su ejecución no se cumplen los requisitos legales'.
Por estos mismos hechos también fue capturado Jorge Enrique Prasca, interventor del convenio.
