Un año y nueve meses duró la investigación que tiene hoy contra la pared al suspendido alcalde de esta ciudad Manuel Vicente Duque, a su primo–hermano, José Julián Vásquez, a la contralora distrital Nubia Fontalvo Hernández y al concejal por el partido conservador, Jorge Useche Correa.
Once personas de la Fiscalía habrían tenido la responsabilidad de una investigación que permitió conocer las entrañas de la corrupción administrativa que se gestó en Cartagena y que hoy tiene sumergida a la ciudad en un panorama de interinidad y de incertidumbre total.
EL HERALDO conoció que el interés por parte del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, fue total en cuanto conoció del caso. Ocho personas se trasladaron desde la capital de la República hacia Cartagena para prestar la máxima colaboración en un trabajo que se concretó en solo tres semanas luego de un trabajo que había avanzado en esta capital.
Fueron constantes los viajes de la fiscal del caso a Bogotá a brindar informes de cómo avanzaba su trabajo de investigación. De igual forma, de la capital llegaron altos delegados del ente investigador que daban luces y un norte sobre este complejo tema.
Cuando todo se tenía listo, se buscó entonces un juez de control de garantías que fuera garante de este trabajo y expidiera las órdenes de captura contra las personas imputadas. El togado de Usiacuri, en el departamento del Atlántico, tendría esta responsabilidad. De 12 órdenes de captura que le fueron solicitadas por parte del ente investigador, solo se reconocieron cinco y se hicieron efectivas cuatro.
La razón fundamental habría sido entonces la irregular elección de la contralora distrital, Nubia Fontalvo, y los múltiples acuerdos y pactos que se dieron para que esta abogada accediera a uno de los cargos más importantes en un organismo de control. La cabeza visible de todo este proceso habría sido, según la Fiscalía, el primo hermano del suspendido alcalde, José Julián.