El dolor por la tragedia que dejó el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, en la que murieron 21 obreros, no ha sido olvidado por los cartageneros. Semana tras semana se escribe una nueva página en la que los organismos de control y de investigación adelantan sus labores y hasta el momento solo se han reportado cinco capturas de lo que se anunció por parte de las autoridades como una gran red delictiva en un alto porcentaje de las obras de infraestructura de la ciudad.
Documentaciones alteradas, licencias falsas o registros adulterados hacen parte de los eslabones de esta cadena que puso de presente la Fiscalía y la Procuraduría pero que han dejado un sinsabor en los cartageneros que aún, hoy tres meses después de ocurrida la tragedia, piden para que los responsables den la cara y respondan a la justicia.
Precisamente, el pasado miércoles, Wilfran Quiroz, el constructor de la edificación que se desplomó en Blas de Lezo se vio beneficiado por la decisión del Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena que le brindó casa por cárcel, en medio de lo que fue una audiencia de allanamiento de cargos. El delito que reconoció el constructor fue el de Urbanización Ilegal, dándole así un total de cuatro años y seis meses privado de la libertad.
Erick Urueta Benavides, veedor de la Rama Judicial de la ciudad, sostuvo que este fallo preocupa y aunque fue apelado por parte del ente investigador y los abogados de los imputados, se prevé que la decisión llegue ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial donde se confirme la decisión en favor del constructor. Ante situaciones como estas el pueblo reaccionó ayer en la mañana y despertó en medio del disgusto y la impotencia, clamando porque la justicia sea más severa y drástica.
Para Juan Royero, abogado de Quiroz, lo que está claro es que el constructor estuvo en su derecho de acogerse a un beneficio que le brinda la ley. El jurista recordó que el se allanó al delito imputado y lo que se hizo el pasado miércoles y le concedieron el beneficio que estaba solicitando.
Un turbio panorama político
A las capturas y legalizaciones que se han adelantado se suma el vendaval político que ha generado la tragedia de Blas de Lezo. La Procuraduría anunció el pasado mes de mayo la suspensión temporal del cargo al alcalde mayor de la ciudad Manuel Vicente Duque.
En su momento, EL HERALDO, precisó que las razones fundamentales por las que se tomó la decisión de suspender al alcalde de Cartagena obedecieron a 'irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad', que se evidenciarían en el desplome del Portal II de Blas de Lezo, y las que 'siguen cometiéndose', pues hay '55 construcciones sin licencia' en la ciudad.
Tras la suspensión anunciada por el Ministerio Público el presidente Santos designó entonces al cartagenero Sergio Londoño Zurek quien permaneció durante 20 días en el cargo toda vez que el fallo de una acción de tutela le permitió a Duque Vásquez regresar al poder.
Un nuevo capítulo se escribió al comienzo de esta semana luego de que el Consejo Superior de la Judicatura revisara el fallo de la acción judicial y decidiera que el mandatario debería cumplir la sanción temporal que le fue impuesta por la Procuraduría. Londoño Zurek podría volver al Palacio de la Aduana designado nuevamente por el presidente.
Y aún sin recibir la notificación por parte del alto tribunal el alcalde sostuvo que aguarda en Dios para que todo salga bien pues se han venido adelantando las investigaciones en procura de que todo sea esclarecido. El mandatario en rueda de prensa explicó que se acatarán las disposiciones legales.
Una visita esperada
Para las 4:00 de la tarde de hoy se tiene previsto que lleguen a Cartagena el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo en compañía del superintendente de Notariado y Registro Jairo Mesa Guerra. La idea es dar a conocer mayores detalles de lo que se viene adelantando con relación a las construcciones en la ciudad. Se tiene previsto que se entregue un informe sobre el papel que en los últimos años han jugado las Curadurías Urbanas y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. De esta manera se determinará el papel de estas entidades en el caso particular de las construcciones ilegales en Cartagena.
Sobre la visita que realizará este jueves, el representante del Ministerio Público, a través de su cuenta en Twitter, anunció: 'Vamos a Cartagena este jueves a seguir con la labor de inspección y vigilancia para luchar contra la construcción ilegal #NoMasCorrupción'.
Los 16 edificios
El director de Control Urbano, Héctor Anaya, explicó que en la cadena de la construcción participan muchos actores, y que como la Ley 1848 en su artículo sexto permite el reconocimiento de una construcción después de 5 años, y si cumple el uso, se le acepta la edificación. En el caso de los Quiroz, la investigación reveló que construyeron 16 edificios en Cartagena, los cuales tienen más de cuatro años, y solo uno, Portales de Blas de Lezo II, lo hicieron en 2016. Sus proyectos habitacionales no cumplen con uso del suelo y medidas, sin embargo tienen hasta el reglamento de propiedad.
Habrá demoliciones
Para el próximo mes de septiembre se tiene previsto que comiencen las demoliciones por parte de los inspectores de policía en la ciudad. El acompañamiento técnico estará a cargo de Control Urbano, y la idea es que se atienda así el Decreto 1203 del 12 de julio. Las sanciones están previstas serán tanto en dinero como en demolición del área que no tiene autorización por parte de las autoridades. El trabajo comenzará por el corregimiento de La Boquilla y allí el edificio del ‘transformer’ está en este proceso.
