La Juez IX Penal con Función de Control de Garantías determinó este martes la medida de aseguramiento intramuros en centro carcelario para Wilfran Quiroz, Luis David Quiroz y el maestro de obra Luis Eduardo Agresor, implicados tras la investigación adelantada por parte de la Fiscalía en el desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, en el que fallecieron 21 obreros, el pasado 27 abril.
El constructor responsable de la edificación y dueño del proyecto Wilfran Quiroz solo aceptó el de urbanización ilegal que es uno de los cinco cargos que le imputó el ente investigador; mientras que su hijo Luis David y el maestro de la obra no aceptaron ninguno de los delitos de los que los hicieron responsables. Eran señalados de homicidio culposo, lesiones personales culposas, urbanización ilegal, uso de documento falso, y estafa simple. La decisión estuvo fundamentada en la afectación del delito en diferentes sectores y la gravedad del actuar.
Lo que se presume es que debido a la situación irregular carcelaria en el país, los detenidos deberán cumplir provisionalmente la medida de aseguramiento en una estación de policía. Para la togada es reprochable que los constructores hayan edificado una estructura sin el lleno de los requisitos legales para ahorrarse el costo de los requisitos, y manifestó que hubo un interés general afectados, entre ellos, personas que perdieron la vida.
La construcción de cuatro edificaciones (Portal de Blas de Lezo I y II, Caracoles I y II) sin los requisitos exigidos, la juez determinó que se debían tramitar las respectivas licencias administrativas y no se hicieron, pero aclaró que la entidad territorial es corresponsable en el delito, toda vez que hay funcionarios que deben vigilar y garantizar la legalidad de las edificaciones.
Según la Fiscalía, los constructores violaron el Plan de Ordenamiento Territorial y nunca solicitaron una licencia de construcción ante una curaduría urbana. El lote no había radicado ninguna solicitud de licencia. Cómo prueba, el ente acusador también aportó la solicitud de Antonio Monsalve, un ciudadano de ese sector, al inspector de Policía, Alfonso Ramos de León, a quien le pedía una revisión ocular a la edificación.
A las afueras del complejo judicial se concentraron varias víctimas del desplome del edificio de siete pisos quienes armados con pancartas clamaban para que los implicados fueran a la cárcel.
Una vez se conoció el fallo de la juez, las víctimas coincidieron en sentir que se había hecho justicia; sin embargo, precisaron que ni el dinero ni el que sean condenados los implicados les va a devolver a sus seres queridos.
Se espera que los abogados de la defensa apelen la decisión de la juez de control de garantías y que sea en los próximos días un juez de conocimiento el que estudie la situación y se ratifique o revoque la decisión del primero.
