Ante el Tribunal Administrativo de Bolívar presentó la Procuraduría una acción popular 'para proteger la vida e integridad de los cartageneros amenazados por construcciones ilegales', ante lo que denominó el Ministerio Público 'la evidencia de que en Cartagena se presenta un desconocimiento sistemático y generalizado de las normas urbanísticas'.
Lo anterior, anota el ente de control, debido a lo ocurrido en el edificio Portales de Blas de Lezo II, cuyo desplome le costó la vida a 21 personas y heridas a otras 23.
Pide la acción popular, concretamente, que se ordene a la Alcaldía de Cartagena la creación de un grupo especial para la normalización, vigilancia y control de la actividad urbanística, en el que participen la Policía Metropolitana, el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.
Este grupo, a su vez, de acuerdo a la solicitud, debe configurar un plan de normalización de la actividad urbanística, 'que incluya un sistema de información oficial, técnico y actualizado sobre el estado de las construcciones, seguimiento y visitas a las obras y alertas tempranas que permitan conjurar de forma oportuna los riesgos'.
Advierte puntualmente la Procuraduría que este plan debe estar acompañado de 'acciones policivas para la suspensión de obras sin licencia urbanística, y particularmente para aquellas donde tengan participación María Quiroz Ruiz y/o Wilfran Quiroz y/o por la empresa Constructora & Quiroz: Proyectos, Construcciones y Desarrollo S.A.S.', responsable de las obras en el edificio Portales de Blas de Lezo II.
Finalmente, se pide al tribunal de lo contencioso administrativo del departamento que ordene la realización de estudios técnicos sobre obras sin licencia urbanística 'para identificar deficiencias estructurales que puedan constituir riesgo para la comunidad', así como 'la realización inmediata de trabajos de estabilización, reforzamiento o adecuación' que se requieran para mitigar la amenaza o, en último recurso, que se ordene la demolición.
