En la pequeña casa construida con listones de madera y láminas de zinc oxidadas, donde reside desde hace dos años la familia Parra Payares, el cerro de La Popa respira cada vez más cerca del patio. El promontorio de tierra parece asomarse desafiante, como advirtiendo la mala hora, mientras algunos niños caminan a las afueras del inmueble sin alcanzar a entender lo que está pasando.
En las noches, para poder dormir, los Parra Payares prefieren olvidarse por pasajes del riesgo. Pero cuando despiertan, casi siempre en las madrugadas, no pueden ocultarse a sí mismos que la incertidumbre permanece intacta.
Así lo describe Ronald Parra Rodríguez, un cotero oriundo de San Estanislao de Kostka (Arenal), que reside en el improvisado inmueble en compañía de su esposa Milena Payarares Guzmán, un ama de casa nacida en San Marcos (Sucre), y sus dos pequeños hijos de 5 y 2 años.
A pesar de que la Alcaldía advirtió hace tres semanas sobre el riesgo de desplome en el punto conocido como el ‘Salto del Cabrón’, luego de un estudio realizado por el ingeniero estructuralista Jorge Rocha, la pareja de esposos sostiene que no han podido salir de la zona porque no tienen ningún otro lugar en el que puedan vivir.
Parra, sentado en una cama que tiene descubierto un viejo colchón, mientras carga al menor de sus hijos que está desnudo, dice que la casa no le pertenece. Ahí llegó por recomendación de un conocido, que le dijo que sabía de un sitio 'barato', y desde hace dos años paga $30.000 de arriendo para poder vivir con los suyos.
Es una zona de invasión. No hay servicios básicos, aunque la energía llega por cables ‘amañados’ que salen de los postes, y el agua potable se compra a $500 el galón. La subida del líquido cuesta $2.000 adicionales.
Las labores de cocina, como en un paseo de finca de antaño, deben realizarse con leña. Así cocinan, generalmente, arroz, algo de lentejas o fríjoles rojos, y carne si la jornada de trabajo fue provechosa.
'Sabemos del riesgo de desplome porque hemos visto las noticias, pero, hasta ahora, la gente de la Alcaldía no se ha acercado a hablar con nosotros sobre lo que está pasando', dice Parra.
El cotero, que trabaja en las madrugadas en el mercado público de Bazurto, dice que puede ganar unos $15.000 diarios, o unos $40.000 'cuando el día está bueno', pero hay jornadas donde no hay camiones para descargar o, los pocos que llegan al principal centro de abastos de la ciudad ya traen su personal contratado. En esas ocasiones, confiesa, le toca rebuscarse la comida 'con cualquier otro trabajito que salga'.
'Nosotros no quisiéramos vivir aquí, creo que eso es obvio. Pero la situación está muy difícil porque lo poco que uno gana solo alcanza para comprar la comidita y pagar un arriendo en otra parte', dice Parra.
Su esposa, de muy pocas palabras, y mientras permanece sentada en el otro extremo de la cama, solo mueve la cabeza de forma vertical, como aprobando cada sílaba que pronuncia su marido.
Contiguo a la casa de los Parra Payares vive otra familia en riesgo. Ellos son los Morales Pacheco, quienes salieron de San Jacinto, Bolívar, en los Montes de María, por culpa de la violencia.
Allí vive Luz Estela Pacheco y sus cinco hijos. A diferencia de sus vecinos dicen que no viven arrendados, sino que la casa es propia.
Marlon Morales, quien también trabaja como cotero en el mercado de Bazurto, afirma que la casa fue construida durante casi cuatro meses, con madera que la compraban a recicladores, y tejas de zinc que adquirían de segunda mano.
'Todos quisiéramos tener un lugar distinto para vivir, pero no nos queda otra opción que seguir metidos aquí. Todos los días le rogamos a Dios que no pase una tragedia, porque eso es lo que uno se le viene a la mente con lo que acaba de pasar en Mocoa', dice Morales.
Otra historia
También en las faldas de La Popa, pero no en una zona de invasión, vive María Isabel Pérez, de 62 años. Es en el barrio La Esperanza, sector Las Delicias, en la calle San Rafael.
Pérez asegura que, como la mayoría de sus vecinos, compró su casa hace 52 años y siente temor porque no sabe cuál será el futuro de la zona.
'Nosotros no estamos metidos en el propio cerro, como pasa con la gente que ha invadido arriba, pero tenemos miedo porque si esa loma se cae nos puede sepultar a todos. Ya hemos planeado con la Junta de Acción Comunal para que la Alcaldía venga a explicar qué va a pasar con nosotros. Tenemos casas con nuestras escrituras y queremos una respuesta', sostuvo le ama de casa Pérez.
Saúl Grisales Pérez, hijo de María Isabel Pérez, dice que actualmente vive en la casa de su madre porque su vivienda se desplomó hace seis años, en las faldas de La Popa, y no ha sido beneficiario de ningún programa de vivienda de interés social.
'Lo grave de todo esto es que hay mucha gente que recibió sus casas en el gobierno de Judith Pinedo, en Colombiatón y Bicentenario, y volvieron a invadir acá en La Popa para arrendar las que les dieron. Hay muchos, como es mi caso, que necesitamos un techo y no podemos porque no nos tienen en cuenta', aseguró Grisales.
Esta información es ratificada por el alcalde local de la Virgen y Turística, Gregorio Rico, dio a conocer que más de 1.000 personas que habían sido beneficiadas en los programas de vivienda del Distrito regresaron a La Popa.
'Nos dimos cuenta que personas que sacamos de La Popa, y fueron ubicadas en las programas de vivienda están regresando a deforestar La Popa, entonces ese efecto que hoy estamos viviendo y que Dios quiera no sea una catástrofe, lo hemos causado nosotros mismos. Es por eso que estamos de frente con las comunidades apoyándolas y diciéndoles que paremos aquí, que no más invasiones, no más tala de árboles, hay que cuidar el cerro de La Popa', dijo Rico.
EL HERALDO consultó una fuente que hizo parte de la administración de la exalcladesa Pinedo Flórez (2008-2011) y dio a conocer que, en ese entonces, fueron al menos 184 las familias que residían en las faldas de La Popa las que resultaron beneficiarias de viviendas de interés social en Colombiatón y Ciudad del Bicentenario.
Acción jurídica
Pese a que la Alcaldía ha tomado algunas medidas preventivas, como restringir el acceso de vehículos y la reubicación hasta el momento de cuatro familias, hay un aspecto que ha sido denunciado de forma reiterada y que se constituye en uno de los más importantes: las frecuentes invasiones en esa área de protección ambiental. Adicionalmente, en esta Semana Santa, como parte de las medidas preventivas, ha sido suspendida la agenda en el convento de agustinos recoletos, que históricamente ha permanecido en la cumbre del cerro de La Popa.
Las principales restricciones se centran en el ‘Salto del Cabrón’, donde está ubicada una piedra de 80 toneladas que deberá ser intervenida cuanto antes, debido a que evidencia agrietamiento.
Pero, más allá de las medidas restrictivas, ya existía una acción legal en torno a la situación ambiental del cerro de La Popa y el peligro al que se exponen quienes han construido sus casas en zonas de invasión.
El pasado 22 de febrero, tras una acción popular interpuesta contra el Distrito por la ex defensora del Pueblo en Bolívar Irina Junieles, el Juzgado Séptimo Administrativo declaró 'vulnerados los derechos colectivos del medio ambiente' frente a lo que ese despacho catalogó como producto de la 'urbanización ilegal' en La Popa. Por lo tanto ordenó la realización de un censo de las personas que habitan 'en esa zona de asentamientos ilegales'.
En el mismo documento se le concedió al Distrito un plazo de seis meses para realizar el censo, y otros cuatro para tomar las medidas que impidan nuevas invasiones en la zona, se hace énfasis en que el conteo de familias debe iniciarse en los sectores de La Popa identificados como Kennedy, Loma del Rosario, Loma del Diablo y La Bendición de Dios.
'Se tendrá en cuenta el censo de las personas que actualmente habitan en la zona y, una vez construido el proyecto para reubicar a las familias que hacen parte del censo, se procederá al desalojo de las personas y posterior destrucción de las casas. Esto con el propósito de evitar nuevamente la invasión de la zona', destaca el fallo. Para implementación de este punto le fue concedido al Distrito un plazo de 18 meses.
El daño ambiental
En diálogo con EL HERALDO, Rafael Zúñiga, presidente de la fundación Eco Parque Histórico y Cultural La Popa, Ecopopa, dijo que, a falta de un censo, se estima que son unas 300 las familias que han construido casas de manera ilegal en el cerro.
De acuerdo con Zúñiga, uno de los aspectos más preocupantes que dejan las invasiones en el cerro de La Popa son las cerca de 26,6 hectáreas que han sido deforestadas por quienes realizan talas para construir sus casas en la zona.
El viernes, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, dio inicio a lo que denominó 'obras de mitigación' en el ‘Salto del Cabrón’ del cerro de La Popa.
El secretario de Infraestructura, Santiago Carrasquilla, dijo que los trabajos que comenzaron 'no son definitivos' y explicó que contemplan el sellamiento de la fractura de la gigantesca roca que se encuentra en la zona de influencia, para lo cual fue utilizado 'un material especial que impide la filtración del agua en la mole que está agrietada'.
Dijo que el producto es una cinta especial de Sika, para el sellado de juntas, que se llama Sikadur Combiflex SG.
'Los trabajos apenas son para evitar que se filtre más agua, mientras se hacen los trabajos estructurales para reparar el deterioro que tiene el cerro de la Popa', dijo Carrasquilla, quien indicó que las obras hacen parte del plan de mitigación o para la recuperación del llamado ‘Salto del Cabrón’.
Carrasquilla dijo que se espera la contratación de los estudios y diseños para establecer la solución definitiva, mediante un convenio que la Alcaldía suscribirá con la Universidad de Cartagena.
