Miembros de la Dijín capturaron en las últimas horas a 11 personas señaladas por defraudación tras vender un predio en la zona industrial de Mamonal, que había sido entregado a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, para poder indemnizar a 63 familias campesinas de la zona rural de Mompox, Bolívar, por utilizar sus terrenos para ampliación de sus redes sin su consentimiento en el año de 1998.
Con las 11 personas capturadas el viernes por la Fiscalía ya son 33 los detenidos en este caso desde 2012.
La vicefiscal general María Paulina Riveros informó ayer que una notaria, una registradora de instrumentos públicos, abogados, empleados judiciales, un veedor ciudadano, un exalcalde y funcionarios de Fiduprevisora fueron arrestados.
De inmediato los trasladaron al Centro de Servicios Judiciales de Cartagena donde se legalizó su captura. Para mañana, a las 9:00 a.m., está prevista la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Los hechos de este proceso se originaron en 1988 cuando Corelca amplió sus redes eléctricas en la zona rural de Mompox y otros municipios de Bolívar, sobre predios cuya propiedad, posesión o tenencia estaba a nombre de particulares.
La vicefiscal Riveros recordó que, en su momento, la empresa Corelca impuso una servidumbre que conducía energía eléctrica de alta tensión de predios cuya propiedad o tenencia estaba en manos de campesinos quienes se vieron afectados.
Corelca eludió los procesos judiciales necesarios para legalizar la extensión de sus redes y se negó entonces a indemnizar a los dueños, poseedores o tenedores de los predios. A raíz de lo anterior, hace 17 años, 63 familias afectadas demandaron civilmente a la entidad y solo 13 de estas lograron que la empresa fuera condenada.
Mediante procesos ejecutivos contra Corelca, la empresa fue obligada en 2009 a pagar indemnizaciones por $14.000 millones. Para cumplir el fallo, la entidad eléctrica ofreció dar en pago el terreno en Mamonal, ubicado en el sector de Cospique de Cartagena, cuyo valor catastral para ese año era de $18.000 millones.
La investigación de la Fiscalía permitió demostrar que el abogado de los demandantes sustituyó el poder a dos personas que no son abogados, quienes recibieron el predio, lo hipotecaron, lo vendieron y lo dividieron. El predio fue comprado por Conequipos, cuyo gerente era Luis Barragán Gómez, por $7.000 millones.
El Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Enrique Rodríguez, recordó que esta es la cuarta fase de la operación adelantada por el grupo de fiscales anticorrupción del área de la Dirección de Delitos contra la Función Pública.
El oficial destacó que la primera se desarrolló en 2012 cuando se concretaron ocho capturas; en mayo de 2013 fue la segunda, con ocho capturas, entre ellas Barragán Gómez, y la tercera fase tuvo lugar en junio de 2014 con otras seis capturas.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Los hechos se registraron cuando en 1998 Corelca amplió sus redes eléctricas en la zona rural de Mompox y otros municipios de Bolívar sobre predios cuyas propiedades estaban a nombre de particulares.
En su momento las directivas de la empresa eléctrica no acudieron a los procesos judiciales necesarios para legalizar la extensión de sus redes, y tampoco ordenaron la indemnización a los dueños de los predios utilizados; como consecuencia de lo anterior, dos años después, las 63 familias afectadas por las irregularidades demandaron civilmente a Corelca, obligándola a pagar indemnizaciones por el orden de los $14 mil millones.
En vista de la deuda que tenía la electrificadora, ofreció un terreno en la zona industrial de Mamonal en Cartagena, cuyo valor ascendía en el año 2009 a los $18 mil millones.
De acuerdo a las investigaciones, el abogado de los demandantes sustituyó el poder a dos personas que no son abogados, quienes recibieron el predio, lo hipotecaron, lo vendieron y posteriormente lo dividieron.
El lote de terreno fue comprado por la firma Conequipos Ltda., siendo gerente Luis Orlando Barragán, por un valor de $7 mil millones, en otras palabras, se adquirió a un precio muy por debajo del valor pactado.
La Fiscalía estableció que para materializar esa venta se pusieron de acuerdo el Juez de Mompox, Bolívar, el abogado demandante, el notario 10 de Barranquilla, el gerente de Corelca, varias personas particulares, un veedor ciudadano, la Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, el gerente de Conequipos y su abogado asesor Naryan Fernando Alonso Bejarano; de esta manera fueron vinculados a una investigación por los delitos de prevaricato, falsedades, fraudes y cohecho por dar u ofrecer y engaño a los campesinos beneficiarios de las condenas a la empresa electrificadora.
Los nuevos detenidos en la investigación
Entre los once capturados se encuentran Saúl Mondol González, secretario de un Juzgado del Circuito, a quien se le imputarán los cargos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros; la Notaria Quinta de Cartagena, Elith Isabel Zúñiga Pérez, y el empleado de esta notaria Emerson Torres Bolaño, a los cuales les imputarán falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y cohecho propio.
La Fiscalía informó que a la Registradora de Instrumentos Públicos de San Andrés, Carmen Violeta López Cárdenas, le imputarán prevaricato por acción y fraude a resolución judicial. Néstor Raúl Yepes, empleado de la oficina de reparto de los juzgados civiles, laborales y de familia de Bogotá, será imputado porque en dos oportunidades habría recibido dinero para vulnerar el reparto de una acción de tutela y direccionarlo a los jueces específicos.
A los empleados de Fiduprevisora, Carlos Alberto Parra Satizabal, Gerardo Mauricio Cortés Pomar y Javier Alexander Colmenares Ardila, encargados de la liquidación de Corelca, les imputarán los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, fraude a resolución judicial y coautores impropios de prevaricato por acción. Por haber contribuido de forma irregular al trámite de una acción de tutela y solicitar por ello una fuerte suma de dinero, a Arnulfo Molina Polo, de la veeduría No a la Corrupción, le imputarán concusión y coautor de prevaricato por acción y peculado por apropiación.
También la Fiscalía informó que el abogado y exalcalde de El Guamo, Bolívar, Javier Eduardo Angulo Romero, le imputarán cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideológica en documento público..
