En visita realizada ayer a Cartagena, donde inspeccionó una nueva sede de la Registraduría, en el sector El Espinal, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, se refirió, entre otros aspectos, a la coyuntura que afronta Bolívar tras la suspensión de sus dos delegados departamentales, por presuntas irregularidades electorales fraguadas en los comicios regionales de 2015.
Dos nuevos delegados en Bolívar. Tras la orden de arresto domiciliario en contra de los registradores delegados de Bolívar, Patricia Jiménez y Humberto Ceballos, Galindo reveló que ya fueron nombrados los funcionarios que los reemplazarán: Jorge Cardona, quien ya se encuentra en Cartagena, y Omar Guevara, quien se venía desempeñando como delegado en el departamento de Meta.
'Yo designé directamente un delegado de las oficinas centrales, que es el doctor Cardona (Jorge), quien es una persona de toda mi confianza, para que viniera acá a ver qué era lo que estaba sucediendo y para atender los requerimientos', dijo. Con respecto a Guevara, explicó que se espera que arribe a Cartagena la próxima semana.
'Van ser dos personas que no tienen contactos personales y políticos con el departamento de Bolívar. Tienen una tarea fundamental y es darme un diagnóstico sobre la situación específica de la delegación. ¿Con qué propósito?: con el de tomar todas las medidas para eliminar cualquier vestigio que haya de mal comportamiento, conductas inadecuadas, y garantizar que la delegación del departamento de Bolívar será un crisol', aseveró.
Sobre la detención de los dos delegados departamentales, explicó: 'Uno de los cuestionamientos señalados del proceso penal es que alguno de los delegados estaba prestando u ofreciendo servicios de asesoría a personas externas cuando el funcionario público solamente debe cumplir con sus labores al interior de la Registraduría'.
En diciembre del año pasado, audios de interceptaciones obtenidas con orden judicial fueron aportados por la Fiscalía para demostrar que los dos funcionarios de la Registraduría; magistrados delegados del Consejo Nacional Electoral, como el abogado Alfonso Camerano; y el concejal Jorge Useche, habrían acordado el pago de $150 millones para garantizarle a este último una curul en el Concejo de Cartagena .
Además del arresto domiciliario proferido contra los delegados Patricia Jiménez y Humberto Ceballos, en ese entonces un juez de control de garantías determinó medida no privativa de la libertad con restricción para salir del país al concejal Useche y su tío Jorge Correa.
Procesos revocatorios en Bolívar
Frente a los procesos revocatorios que han surgido en Bolívar, como el que espera comenzar a recoger firmas contra el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y sus homólogos de El Carmen de Bolívar, Rafael Gallo Paredes; y de Zambrano, Alberto Murillo Palmera, Galindo afirmó: 'Las revocatorias, históricamente, no han tenido mayor trascendencia. Ha habido iniciativas, pero no han culminado en revocatorias propiamente dichas'.
Y, aunque no especificó un monto, dijo que son 'muy altos' los costos económicos de una revocatoria del mandato.
Identificación formal de excombatientes
En medio de la implementación de los acuerdos de paz, Galindo explicó que se han dispuesto equipos, conformados por al menos tres personas de la Registraduría para que se inicien los procesos de identificación de los excombatientes.
'Estos equipos llegarán a las zonas con computadores, con cámaras fotográficas, y la papelería necesaria para llevar a cabo trámites como registro civil y cédula de ciudadanía. Llegamos con conexión satelital y conectamos cada equipo con la sede central de la Registraduría y allí les vamos a tomar las huellas digitales a todos y cada uno de las personas que haya que verificar esa identidad', dijo.
Galindo dio a conocer que este proceso de identificación tendría un costo de unos $3.000 millones.
'Esos documentos son enviados a Bogotá, digitalizados y, en físico, para que hagan un proceso de plena identidad. Es decir, cruzan todas las huellas y los datos con el universo de los colombianos que están en las bases de datos de la Registraduría', dijo.
Sobre el número de personas vinculadas al conflicto armado que entrarán al proceso de identificación de la Registraduría, el funcionario aseguró que no lo precisa.
financiación de las campañas políticas. Galindo se refirió la financiación de las campañas políticas como uno de los aspectos en los que, a su juicio, se debe trabajar.'Las campañas tienen una financiación mixta: pública y privada. Pero, a pesar de los controles que tiene el sistema, entra mucho dinero no reportado. Y ese dinero hace que se encarezcan las campañas. Inclusive, que muchos recursos se utilicen para el fraude', precisó.
Además recalcó que, para el presidente Juan Manuel Santos, también se ha convertido en un tema de importancia la financiación de las campañas. 'Sugería (Santos) que se pensara en una fórmula, así sea transitoria, de financiación pública de las campañas, para evitar que haya ingresos de particulares que luego traten de buscar unas retribuciones por sus inversiones en esas campañas. Son temas que hay que examinar. Hay que trabajar mucho en ver cómo se reducen los montos de financiación', puntualizó.
