En las audiencias preliminares realizadas este sábado en el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena, tras la captura de cinco personas responsabilizadas por la presunta apropiación ilegal de recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bolívar, la Fiscalía reveló que se presentaron sobrecostos superiores al 300% en un contrato para la atención de la primera infancia que fue suscrito con la Fundación Prociencia.
De acuerdo con el ente acusador, tras analizar seis transacciones hechas por el ICBF a Prociencia para que pagara a los proveedores de la alimentación de niños de 0 a 5 años, se detectó un presunto detrimento de $1.566 millones 650 mil 198. Para ello se compararon los precios de los productos en el mercado con los de las facturas aportadas.
Por el caso fue capturada la tesorera de la fundación Prociencia, Flor Pérez Gutiérrez, esposa del concejal de Cartagena, Américo Mendoza Quessep, del Partido Alianza Social Indígena (ASI); y los hijos de ambos: Iván y María Mendoza Pérez, reseñados por la Fiscalía como proveedores de insumos alimenticios por medio de supuestas empresas de fachada.
En el mismo procedimiento también fueron privados de la libertad la cuñada del cabildante, Olga Pérez Gutiérrez, representante legal de Prociencia cuñada del concejal, y Patricia Arnedo Pombo, representante durante el año pasado.
Tras la legalización de las capturas el viernes, por orden de un juez, la mañana de ayer se reanudó la audiencia con la imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.
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La fiscal 40 seccional, Dora Cáceres, calificó durante la audiencia como una 'unidad familiar a modo de organización delictiva' la estructura tejida por la esposa y los hijos del concejal para, presuntamente, apropiarse de dineros destinados para la alimentación de la primera infancia en 10 municipios en Bolívar.
La Fiscalía resaltó como uno de los aspectos más llamativos que, solo un mes después de la firma del contrato ente el ICBF y la Fundación Prociencia por un monto $7.818 millones 524 mil 064, fueron creadas las empresas a nombre de Iván y María Mendoza Pérez, las cuales se constituyeron en proveedoras de los insumos.
Para el ente investigador resultó sospechoso que dos jóvenes universitarios, que conviven bajo el mismo techo con sus padres, en una casa de la urbanización Paraíso Real, reunieran los requisitos para ser cabezas visibles de los proveedores Logística Integral SAS y Distrimarket y Comercio.
De acuerdo con la Fiscalía, todas las facturas de los proveedores presentaron presuntos sobrecostos 'muy superiores' al 20%.
Además, que 'no se suministraba ninguna fruta' en la dieta alimenticia de 3.744 niños beneficiarios en municipios como Cicuco, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Marialabaja. A pesar de que, según la Fiscalía, en un manual de Prociencia se incluyen las frutas dentro del menú suministrado.
