La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal solidaria por unos $980 millones de pesos contra el Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini.
Ante esta decisión, el ente de control decretó, como medida cautelar, el embargo preventivo y retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual legal vigente correspondiente al salario del mandatario.
Gossaín, en conferencia de prensa, restó importancia al hecho y dijo que el embargo 'es una medida inocua'.
Agregó que no entiende cómo lo vinculan a un proceso 'por la presunta ausencia de supervision de un contrato que no ejecuta la Gobernación, sino la Diócesis de Magangué. Nosotros hacemos la supervisión en la ejecución'.
El Gobernador sostuvo que acata la decisión, pero que hará uso a su defensa y debido proceso. Y cuestionó que la Contraloría, 'así como ha sido diligente para emitir comunicados de prensa, me llama la atención que durante cuatro meses no me haya respondido los oficios reiterados que he hecho para que entregue el video-audio donde la comisión técnica, que investigó sobre estos hallazgos, presentó sus pruebas'.
En el proceso también se vinculan al exsecretario de Educación, Javier Alberto Posada Meola, quien salió de la Administración tras un escándalo por supuestas relaciones con Enilse López Romero, conocida como la Gata. La otra vinculada es la Diócesis de Magangué.
La Contraloría informó que la investigación es por el presunto detrimento patrimonial que produjo la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos por $14.886 millones (contrato de No. 276 de 2013) suscrito entre la Gobernación y la Diócesis.
En el caso de la Diócesis de Magangué, la Contraloría decretó el embargo preventivo de diez inmuebles de su propiedad, limitándose el embargo a la suma de $1.960 millones.
Uno de los cuestionamientos que formula el ente de control al Gobernador es el hecho de haber aceptado una sola propuesta para celebrar este contrato de prestación de servicio educativo 'e iniciar el proceso contractual con falencias en su planeación'.
En cuanto al Secretario de Educación, Posada Meola, la Contraloría considera que 'no cumplió cabalmente con su función de supervisor del contrato, evidenciando una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica'.
Sobre la Diócesis de Magangué, dice que se benefició de la totalidad de un contrato que no ejecutó en su integridad, enriqueciéndose sin justa causa cuando recibe pagos sin que se hubiera ejecutado lo convenido.
Entre las irregularidades están, que la Diócesis subcontrató el 85.35% del valor total del contrato, con la Corporación Líder para el Desarrollo Integral de las Comunidades Vulnerables, CORLIVA. 'Fue así como este subcontratista fue en últimas quien realizó el manejo de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio educativo', dice la Contraloría.
El contratista solo ejecutó $2.027 millones, o sea apenas el 14.65% del valor del contrato, y los restantes $11.816 millones quedaron a cargo de la corporación subcontratada por la Diócesis.
Al verificar la ejecución del contrato, la Contraloría detectó 244 registros educativos duplicados de alumnos matriculados en las diferentes instituciones educativas oficiales comprendidas en el objeto del mismo.
Al liquidar el contrato, no se descontaron estos alumnos, con lo cual se configuró un presunto detrimento patrimonial por $152.720.000.
'Se verificó la ausencia de 240 estudiantes que no se hallaron en tales colegios. Igualmente, no se encontró registro de sus calificaciones, con lo cual se evidencia que este servicio no se prestó (presunto detrimento patrimonial por $262´900.000). Nuevamente, este número de alumnos no se descontó al liquidar el contrato', agregó el informe de la Contraloría.
