'Esto es como pelea de toche con guayaba madura', así describe el abogado Álvaro Baena, apoderado del nativo Alfonso Pineda, quien reclama como propietario, tierras en el sector de La Puntilla, en la isla de Barú, el litigio que volvió a agitarse en los últimos días. 'Y, claro, la guayaba somos nosotros', agrega el profesional.
Baena dijo que 'es una arbitrariedad' la reciente decisión de la Fiscalía de revocar el restablecimiento de setenta y nueve hectáreas a los nativos Alfonso Pineda Julio, su cliente; y a Ricardo Díaz Pérez, quienes fueron desalojados junto a sus familias de la apetecida zona ubicada en inmediaciones a Playa Blanca (corregimiento de Santa Ana, isla de Barú), en septiembre del 2009.
El proceso
Estas tierras, que hoy ‘valen oro’ (se estima que cada una de las 700 hectáreas podría valer más de $1.500 millones), son objeto de una pugna jurídica por su posesión.
La batalla en los tribunales lleva casi una década y es entre nativos, que se consideran herederos de la matrona y antigua dueña de la finca La Puntilla, Amalia Julio, ya fallecida; el Estado y unos particulares (entre ellos la familia de los industriales Echavarría) con los que se hizo una sociedad que planea hacer un megaproyecto con hoteles, campos de golf y villas, entre otros sitios de placer.
La Nación, a través del Fonade, posee acciones en la sociedad y aportó los terrenos para que los inversionistas desarrollen las obras. El abogado Baena dijo que el Estado comenzó con el 66% de las acciones, pero en claro detrimento, según él, ahora está en el 46%.
Sin embargo, Fonade defiende su participación y las acciones de recuperación, a su decir, de las tierras que son de la Nación y en donde se construirán las estructuras para convertir en un polo de desarrollo turístico a Barú.
'Cartel de abogados'
Por eso, cuando el pasado 3 de febrero la fiscal de la Unidad delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Arieth Esquivia Cuéter, falló a favor de los nativos, Fonade protestó la decisión y dijo que la Fiscal desconoció otras providencias. Agregó que esos terrenos habían sido aportados a la sociedad Playa Blanca Barú para su explotación, y que todo era legal. El industrial Gabriel Echavarría dijo en la radio que había un cartel de abogados que se hacía pasar de defensor de los nativos para apoderarse de las tierras.
Otro que intervino en aquella ocasión fue el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien dijo que lo que se había hecho era una medida preventiva, pero que la decisión final la debía tomar un juez de la República.
