El inicio del mes de julio conlleva a una etapa decisiva para la aplicación de nuevas reglas en el mundo laboral tras la sanción presidencial de la reforma liderada por el presidente Gustavo Petro.
Esta nueva fase se encuentra direccionada a que las empresas emprendan un proceso de implementación de una serie de medidas para evitar riesgos y contingencias judiciales frente a las relaciones laborales, teniendo en cuenta las modificaciones adoptadas.
En ese sentido, Iván Polo, abogado especializado en derecho laboral, magíster en derecho del trabajo y de la seguridad social, aseguró a EL HERALDO que las empresas deben abordar el cumplimiento de la reforma laboral con un plan estructurado, técnico y ordenado.
“El primer paso es realizar una auditoría contractual, revisando la modalidad, duración y justificación de todos los contratos vigentes para identificar cuáles requieren ajustes conforme a la nueva ley. Luego, es fundamental llevar a cabo una evaluación de turnos y horarios, analizando la estructura de la jornada laboral y el impacto financiero que tendrán las nuevas reglas sobre recargo nocturno y días de descanso obligatorio”, sostuvo el experto.
Además, indicó que se requiere avanzar en la actualización del reglamento interno de trabajo, “donde deberán incluirse las nuevas licencias remuneradas, los horarios ajustados para los recargos nocturnos y los procedimientos disciplinarios que aseguren el respeto del debido proceso”.
Asimismo, calificó como importante que las empresas realicen una proyección financiera, ajustando sus modelos de costos laborales para los próximos años, considerando el efecto escalonado de las nuevas obligaciones.
“Deberán mantener un seguimiento normativo constante, ya que es posible que se radiquen medidas complementarias para facilitar la implementación de la reforma, especialmente en el caso de las micro y pequeñas empresas”, dijo el experto.
En ese sentido, recalcó que “todo este proceso requiere acompañamiento jurídico especializado que garantice una interpretación precisa y una aplicación adecuada de cada disposición, evitando así sanciones o contingencias futuras”.
Para el experto, el impacto de la reforma dependerá en gran medida de las condiciones económicas que acompañen su implementación: “El aumento en los costos laborales y la ampliación de los recargos pueden presionar especialmente a las micro y pequeñas empresas. Si no se establecen medidas económicas reales que hagan viable el cumplimiento, existe el riesgo de que se profundice la informalidad”.
Agregó que la formalización no se logra exclusivamente con normas, sino que “requiere que el Estado ofrezca condiciones que permitan que las empresas puedan cumplir sus nuevas obligaciones sin que esto se traduzca en cierres, evasión o recortes de personal”.
Por eso puso de presente que la sostenibilidad de la reforma dependerá del equilibrio entre los derechos laborales y la viabilidad empresarial: “Las normas necesitan ser acompañadas de incentivos, alivios y apoyo financiero, especialmente para las pequeñas unidades productivas que generan gran parte del empleo en Colombia”.
Y recalcó que los trabajadores deben entender que la reforma laboral amplía y fortalece sus derechos, pero también exige un mayor cumplimiento de las normas internas y de los procedimientos establecidos.
“Es clave que los trabajadores conozcan sus obligaciones, respeten los procesos y contribuyan a un ambiente laboral equilibrado. La formalización y la estabilidad laboral son logros conjuntos que requieren compromiso de ambas partes”, puntualizó.
Los principales ajustes
La reforma introduce transformaciones estructurales en el régimen laboral. En ese sentido, establece que el contrato a término indefinido será la regla general. Los contratos fijos tendrán un límite máximo de cuatro años y deberán estar plenamente justificados.
Además, incorpora nuevas licencias remuneradas, como aquellas que permiten al trabajador asistir a citas médicas especializadas, a actividades escolares de sus hijos, o atender citaciones judiciales, administrativas y legales.
También formaliza la condición de los aprendices del Sena, quienes deberán ser vinculados bajo un contrato especial de trabajo que les garantiza afiliación a seguridad social en salud y riesgos laborales y condiciones laborales más robustas, incluyendo el reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral.
