La Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra varios funcionarios del Atlántico y comandantes de las Policía y el Ejército, por no responder de manera oportuna a la Alerta Temprana N° 0 037 de 2020.
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De acuerdo con el Ministerio Público, entre los años 2019 y 2023 los funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas no adelantaron de forma oportuna los planes o acciones necesarias para mitigar, alejar o disuadir, los escenarios de riesgos planteados.
Los servidores investigados por estos hechos son: Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe; José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército, Jorge Armando Ortiz Toro, comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla; Yesid Turbay Pereira, secretario del Interior del Atlántico; Jaime Navarro Herrera, subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico; Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada, profesionales especializados de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla; Leonel Morrón Maiguel, secretario de Gobierno de Puerto Colombia; y Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa.
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En su momento, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana en la que “advierte sobre el riesgo inminente en que se encuentran las comunidades de Barranquilla y su área metropolitana, que comprende los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, por la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y negocios ilícitos como microtráfico, prostitución, extorsión y los puertos para envío de drogas al exterior”.
El organismo de control solicitó las copias de las actuaciones adelantadas por los investigados para atender la Alerta Temprana.
La Defensoría identificó que entre la población más vulnerable por las diferentes estructuras criminales a los comerciantes, tenderos, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes universitarios, líderes sociales, juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas, representantes de población desplazada, sindicalistas, población con orientación sexual e identidad de género diversas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros.
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