El Estado colombiano interpuso una demanda contra Gas Natural Fenosa en respuesta a la presentada por la multinacional española, con la que pretendía que la Nación la indemnizara con más de US$1.626 millones.
Las autoridades nacionales contrademandaron a GNF por los perjuicios que esta le causó al país con el mal servicio de energía que prestó a los usuarios durante su administración a Electricaribe.
La compañía había presentado ante los tribunales internacionales una demanda contra el Estado, argumentando irregularidades en el proceso de intervención a la empresa prestadora del servicio en la Costa.
Según GNF, las autoridades colombianas no cumplieron con los requisitos establecidos y violaron sus derechos, por lo que solicitaron el pago de dicha suma.
