Es urgente que la institucionalidad tome conciencia de este desafío y lo enfrente con las herramientas que le otorga la normatividad. La seguridad no es autoritarismo. No, la seguridad es la base de la tranquilidad, el orden y la convivencia. No puede ser el fruto de una tendencia u otra, sino de cualquier espectro político que pretenda servir a los colombianos.
La lucha contra el acoso sexual laboral requiere un esfuerzo conjunto que, además de lo normativo, incorpore primordialmente la pedagogía para generar, en el tiempo, una transformación cultural que modifique patrones, conductas e interpretaciones frente a lo que es correcto o no.
La protección de la niñez es un asunto que debe trabajarse de manera corresponsable entre las familias, la sociedad y el Estado. Tratándose de niños y niñas, los gobiernos nacionales y territoriales deben sostener políticas públicas que trasciendan los periodos de gobierno, así como programas y acciones ajustados a instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, o desde la Constitución Política y la legislación nacional. Y, muy importante, teniendo en cuenta y en serio la participación y la opinión de las niñas, niños y adolescentes.
Quiero hacer especial énfasis en la necesidad de conformar, en los entes territoriales, equipos de acción inmediata y en la necesidad inminente de activar las rutas de prevención y protección por parte de las autoridades competentes. También debemos trabajar para construir ambientes protectores y para eliminar las causas estructurales que ponen a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad.
Esta aglomeración ha causado problemas de todo orden: en acceso a servicios públicos, hambre, enfermedades, escasas condiciones de habitabilidad, entre otras. Además, los migrantes resultan ser víctimas de trata de personas, de abusos, de robos y otras vulneraciones a sus derechos humanos por cuenta de organizaciones criminales.
El estereotipo de que las niñas son frágiles y débiles es una problemática de derechos humanos. Como Defensor del Pueblo, quiero enviar un mensaje sobre las consecuencias negativas que frases como “No sea niña”, y muchas otras que repetimos diariamente, traen para la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Estamos elaborando del Protocolo Defensorial para la verificación de los derechos de las personas mayores en centros de larga estancia, con el fin de conocer de primera mano y hacer seguimiento a la situación en que se encuentran las personas mayores que allí residen y requerir a las entidades responsables de su atención el cumplimiento de lo ordenado por la ley y garantizar las óptimas condiciones para su bienestar.
Desde el comienzo entendí que la defensoría no debería seguir siendo simple fuente de opiniones, como ha sido en innumerables ocasiones, sino convertirnos en fuente institucional de información precisa, verificable y con vocación de abordar problemáticas de interés público con precisión y credibilidad.
La protesta social que estalló en nuestro país el pasado 28 de abril y que se ha prolongado por más de 50 días, mantiene en vilo los derechos de millones de colombianos.
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