Las denuncias por irregularidades alrededor de los proyectos de normalización en barrios eléctricamente subnormales de la región Caribe parecen de nunca acabar.
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EL HERALDO conoció el informe preliminar que será presentado a la Superintendencia de Servicios Públicos, en el que el agente interventor de Air-e, Edwin Palma, advierte sobre los malos manejos de estas iniciativas que son financiadas con recursos del programa Prone.
Según los hallazgos, por ineficiencia administrativa y malos manejos encontró que 181 proyectos, que fueron adjudicados para la normalización de barrios eléctricamente subnormales están embolatados.
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De los proyectos aprobados, el 97 % están paralizados o sin avances significativos. Igualmente 119 contratos vencieron en etapas críticas de ejecución por falta de gestión en la administración de Air-e, antes del proceso de intervención.
Lo más preocupante es que en las fiducias permanecen alrededor de 70 mil millones de pesos sin ejecutar y a punto de perderse; es decir, se perjudica la mejora eléctrica para miles de familias en condiciones de vulnerabilidad en barrios eléctricamente subnormales.
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A pesar de las constantes comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía para la devolución de los recursos o la correcta utilización de estos, la anterior administración ignoró las peticiones.
También encontró que 20 proyectos de normalización fueron paralizados por las comunidades ante la falta de una correcta socialización y problemas en el desarrollo de los mismos que generaron constantes conflictos en los diferentes sectores que se proyectaba beneficiar a miles de familias con las obras.
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El panorama es bastante complejo por la desfinanciación de proyectos ante el aumento de costos de materiales, mano de obra, sumado a falta de ajustes presupuestales que dejan a la mayoría de los proyectos en vilo para su culminación. Se estima que se necesitarían, por lo menos, 78 mil millones adicionales para terminarlos.
Sumado a todo esto, más de cinco licitaciones para obras e interventorías fueron declaradas desiertas afectando los proyectos de normalización eléctrica antes de la toma de posesión de Air-e por la Superintendencia de Servicios Públicos.
