Sobre el caluroso cielo azul celeste, y entre las nubes que auxilian con su sombra, se vislumbra un arcoíris en el panorama de Barranquilla, al ser antesala de la primera política pública LGBTIQ+ del Distrito.
Por medio de la presentación de un documento que expone un diagnóstico estratégico, plan de seguimiento y evaluación que permitan garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas diversas, y que se encuentra a puertas de ser presentado ante el Concejo Distrital para su aprobación, mirando hacia un horizonte con una sociedad más inclusiva y equitativa.
Cabe resaltar que para catalogarse como política pública se debe reconocer la existencia de un problema que, valga la redundancia requiere atención pública, y que se aborda a partir del diseño y construcción de posibles soluciones.
Siendo el caso de la vulneración de los derechos de las personas LGBTIQ+ en la ciudad de Barranquilla, a raíz de la discriminación.
El proyecto se encuentra aún en fase de socialización, y según sus portavoces surgió cuando organizaciones de ámbito diverso, expertos en materia y dependencias distritales compartiendo sus diagnósticos, evidenciaron el mismo patrón: falta de lineamientos, rutas claras de atención y - de un reconocimiento estatal que fuera más allá de las actividades de visibilidad- frente a la discriminación que atraviesan la población en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
“Barranquilla no cuenta con políticas públicas LGBTIQ+, pero sí tiene acciones afirmativas que hemos venido desarrollando hace más de doce años, con la dificultad en la construcción de la política porque la idea era que se hiciera de forma participativa, que las personas del sector social se sintieran cobijados y fueran los que nos dieran la información pertinente”, afirma Hemel Noreña, de la Oficina para el Seguro Público y Social.
“En la etapa de adopción, cuando ya el consejo por acuerdo su aprobación, la evaluación sería ya medir su desarrollo, finalmente la problemática inicial puede irse transformando o salir nuevas problemáticas que tendremos que otra vez cobijarse con la política pública”, puntualizó el funcionario.
Escuchando todas las voces, el diagnóstico inicial se sostiene en un reporte de 2023 por parte de la Oficina de la Mujer en donde se encuestaron a 792 personas, las cuales derivaron en 13 grupos focales.
Cada uno segmentado por orientación, identidad y expresión de género: hombres gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas transmasculinas y transfemeninas, queer e intersex.
Desde sus experiencias, y tratando de encajar en el paraguas de la diversidad, también se realizaron reuniones con otros grupos demográficos, como lo fueron personas migrantes, personas con discapacidad, actores culturales y cuidadores.
En total se abrieron 18 espacios de diálogo y desde allí, se comenzó a trazar una hoja de ruta que abre el camino hacia garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQ+, impulsando una sociedad más inclusiva y equitativa a través del acceso equitativo a derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo.
Todas ellas mediante acciones que garanticen servicios de salud físico y mental inclusivos, educación libre de acoso y discriminación, sumado a condiciones laborales dignas.
“Estas personas siempre carecen del tema de empleabilidad, muy difícilmente las emplean, también el tema del servicio de salud. Hay unas cosas que son como orientadoras en tema de cómo deben ser atendidas”, puntualizó Noreña.
A su vez, la política pública pretende crear entornos seguros, justos e inclusivos a través de estrategias integrales que fortalezcan la seguridad, el acceso a la justicia, y la convivencia en el espacio público, como se ve evidenciado en los casos de discriminación en los centros comerciales hacia parejas del mismo género en Barranquilla.
Finalmente, siendo la ciudad escenario de inclusión, se busca fortalecer la participación político, social y cultural de las personasLGBTIQ+, garantizando así la implementación electiva de la política al fomentar el liderazgo y la representación.
Del dicho al hecho hay un solo trecho, todo aquello implica un entorno donde todas las personas puedan vivir libres de discriminación a razón de su orientación sexual e identidad de género, mientras que de la mano de las instituciones públicas y privadas se asume un rol activo, con sensibilidad y compromiso hacia la diversidad.
Un sesgo permeado en la dinámica social de la discriminación, pero con un camino largo por recorrer y que se abre a paso con este documento, planteando metas claras para los próximos diez años (2025–2035).
Incluye además un plan de seguimiento con indicadores para los cuatros años actuales, y recomendaciones para que el próximo gobierno en el momento que se cree una oficina específica para diversidad.
Hasta la fecha, tres comités interinstitucionales lo han revisado —dos en diciembre de 2024 y uno en junio de 2025— y actualmente se encuentra sobre la mesa de los despachos de Hacienda, Jurídica y Planeación, afinando costos y ajustes antes de ser radicado ante el Concejo Distrital.
De ser aprobado para el primer trimestre del próximo año 2026, Barranquilla tendrá su primera política pública LGBTIQ+. Una construida con datos, jurisprudencia y relatos sin eufemismos, una que consiste en el reconocimiento de los derechos de las personas diversas de la ciudad, de cara a un horizonte de visibilidad y tolerancia.
