Este jueves, tras varios días de incertidumbre, el Ministerio de Educación Nacional designó a Rafael Ángel Castillo Pacheco como nuevo rector y representante legal de la Universidad del Atlántico, a través de la resolución 024488, en el marco de la vigilancia especial que adelanta sobre esta institución de educación superior.
Este nombramiento se cumple luego de que el Ministerio ordenara el reemplazo temporal del anterior rector, Leyton Barrios Torres, tras evidenciarse una “grave crisis de gobernabilidad, afectaciones al orden institucional y riesgos para la continuidad y calidad del servicio educativo”.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, Castillo Pacheco cumple con los requisitos y calidades exigidas en el Estatuto General de la Universidad del Atlántico, lo que permitió su designación para liderar la institución mientras se implementan las medidas de inspección y vigilancia.
Sin embargo, cabe anotar que Castillo Pacheco fue sancionado, en el 2023, por un término de 10 años por la Procuraduría General de la Nación por extralimitarse en el uso de sus funciones.
De acuerdo con lo expuesto por el ente de control, el académico “abusó de su cargo” al otorgar, a un docente de la facultad de ciencias económica, una comisión de servicio remunerada en Argentina para asistir a clases del doctorado en Contabilidad que cursaba en la Universidad Nacional del Rosario.
Medida temporal
La designación de Rafael Ángel Castillo Pacheco es de carácter temporal y estará sujeta a la evolución de la situación interna de la Universidad del Atlántico.
El Gobierno Nacional indicó que podrá adoptar nuevas decisiones dependiendo del cumplimiento de los objetivos establecidos.
Con esta designación, el Ministerio de Educación busca estabilizar la institución y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes del departamento del Atlántico.
Retos del nuevo rector
Entre los principales retos para el nuevo rector, desde el Gobierno nacional se mencionó que están restablecer la normalidad académica y administrativa, garantizar la seguridad dentro de los campus, proteger los derechos de estudiantes, docentes y trabajadores, y asegurar la continuidad del servicio educativo en condiciones de legalidad y calidad.
El Ministerio señaló, además, que Castillo deberá implementar de manera inmediata las medidas ordenadas para superar los hallazgos que motivaron la intervención, y trabajar en la recuperación de la gobernabilidad institucional.
