En medio de la crisis institucional que atraviesa la Universidad del Atlántico, el Ministerio de Educación Nacional designó a María José Benjumea Buelvas como la nueva inspectora in situ encargada de acompañar el proceso de vigilancia especial impuesto a la institución.
Leer también: Distrito refuerza acciones contra la mendicidad y el trabajo infantil en temporada de fin de año
Benjumea, asesora del Ministerio de Educación adscrita al despacho del ministro Daniel Rojas, llegará este lunes al Atlántico con la misión de ejercer presencia institucional permanente, revisar el funcionamiento académico y administrativo y acompañar técnicamente a la universidad. Su rol está sustentado en la Ley 1740 de 2014, que regula la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia.
“Esto implica observar, verificar y hacer seguimiento técnico y jurídico a la presentación del servicio de la educación superior, siempre todo dentro del respeto de la importante autonomía universitaria, consagrada en la ley”, dijo a EL HERALDO.
La filósofa, egresada de la Universidad Nacional y especialista en políticas públicas, destacó que participar en el caso de la Universidad del Atlántico representa un compromiso mayor, debido a que podrá seguir aportando a la región Caribe, un territorio que la ha visto crecer.
“Debo aclarar que no se trata de administrar la institución ni mucho menos intervenir en sus decisiones internas, sino de garantizar que la universidad pueda desarrollar su misión de manera continua, transparente y con calidad”, afirmó.
Importante: Vigilancia especial al proceso de deslinde entre Puerto y Barranquilla
La llegada de la inspectora ha generado preguntas sobre cuánto tiempo permanecerá en la institución por lo que Benjumea fue enfática en que esta medida no tiene una fecha de finalización predeterminada.
“La permanencia del inspector no depende de una fecha fija. El tiempo depende de que la universidad supere las circunstancias que dieron origen a la vigilancia especial”, explicó.
La nueva inspectora insistió en que el objetivo central del Gobierno es proteger el derecho a la educación en el Caribe.
