La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Andje, informó este jueves en un comunicado que “litigó a favor de la Gobernación del Atlántico y la libró de millonarias condenas”. Esto porque el Consejo de Estado acogió los argumentos de la entidad y dejó sin efectos una condena contra el Atlántico por más de $73 millones, y en una decisión que le evita riesgos judiciales que podrían superar los $22 mil millones en procesos similares.
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La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de sentencia de tutela de segunda instancia del 30 de octubre de 2025, amparó el derecho fundamental al debido proceso del departamento del Atlántico, dejó sin valor y efecto el fallo de 24 de enero de 2025 dictado en el medio de control de reparación directa con radicado 08001-33-33-005-2016-00121-00/01, que contenía una condena contra el departamento del Atlántico, y ordenó a la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico proferir una providencia de reemplazo, aplicando adecuadamente las normas sustantivas que regulan las relaciones contractuales, a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política.
“El Consejo de Estado acogió la tesis formulada por la Andje en el sentido de que el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en vía de hecho al establecer que lo pactado en el contrato de mandato celebrado entre el abogado Javier Torres Velásquez y el señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza era vinculante y de obligatorio cumplimiento para el departamento del Atlántico”, se lee.
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La Andje indica en este sentido que aunque el fallo de tutela de segunda instancia no produce efectos inter comunis, se constituye en un precedente que deberá ser tenido en cuenta por el Tribunal Administrativo del Atlántico y los juzgados administrativos del Circuito de Barranquilla, para decidir los procesos de reparación directa con similitud fáctica y jurídica al que dejó sin valor y efecto el Consejo de Estado.
“Con esta sentencia, además de evitar la condena impuesta en el fallo de 24 de enero de 2025 por valor de $73.587.946, indexado a la fecha, el departamento del Atlántico se evitaría pagar en los 38 procesos de que se tiene conocimiento la suma de $2.796.341.948, sin contar que el estimado de procesos por esta causa puede ascender a 300, en consideración a que dicha cifra corresponde al número de poderes revocados al abogado Javier Torres Velásquez por trabajadores del sector educativo del departamento del Atlántico, que podría sumar a la fecha $22.076.383.200, recursos que pueden ser utilizados para la realización efectiva de los fines del Estado social de derecho, a la luz del artículo 2 de la Constitución Política, tal como lo precisó el Consejo de Estado en la sentencia de amparo”, expone el organismo.
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