La Defensoría del Pueblo alertó sobre una regresividad en la garantía del derecho a la salud, especialmente en el acceso oportuno a medicamentos, y pidió al Gobierno nacional acelerar medidas estructurales, entre ellas una reforma al sistema.
A través de un informe presentado por el Ministerio Público se dio a conocer el deterioro progresivo en la entrega de medicamentos en todo el país.
Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre enero de 2020 y agosto de 2025 se interpusieron más de un millón de tutelas por salud. Solo en 2025, el 33,85 % del total de acciones judiciales correspondió a este derecho, siendo el segundo más invocado en Colombia. Además, el 36,82 % de las tutelas relacionadas con el sistema ese mismo año estuvieron asociadas específicamente a la entrega tardía de medicamentos o insumos.
“Los problemas de acceso afectan a personas de todo el territorio y no distinguen entre regímenes de atención. Tienen elementos de regresividad porque generan barreras, especialmente en medicamentos y atenciones de alto costo”, señaló Marín.
Agregó que entre enero y agosto de 2025, la Defensoría acompañó o interpuso 18.451 tutelas para proteger el derecho a la salud, de las cuales el 24 % se originó en la negación o demora en la entrega de medicamentos esenciales. Los departamentos con mayor número de casos fueron Quindío (14 %), Caldas (12 %) y Antioquia (8 %).
La Defensoría también declaró que las tutelas en salud aumentaron un 34,10 % entre enero de 2024 y julio de 2025. La tasa de reclamos de la Superintendencia Nacional aumentó un 34,2 % entre 2024 y 2025 y este año registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios (PBS).
Además, se detalla que una encuesta de verificación del derecho al acceso a medicamentos realizada por la Defensoría del Pueblo a 3.449 personas en puntos de dispensación de todo el territorio nacional arrojó que el 90 % de los encuestados no recibieron o recibieron parcialmente y con demoras sus fármacos.
El informe se elaboró a partir de puestos de mando unificado instalados en 19 departamentos, encuestas en puntos de dispensación y el acompañamiento de organizaciones médicas y de usuarios. Una de las conclusiones principales es que el problema no es el desabastecimiento, sino la falta de llegada de medicamentos al canal institucional, lo que obliga a los pacientes a comprarlos con recursos propios. El 61 % de quienes no recibieron sus medicamentos reportó haber tenido que adquirirlos por su cuenta.
La defensora explicó que la situación se relaciona con trabas en la cadena de pagos entre el Gobierno, EPS, IPS, gestores farmacéuticos y laboratorios. Estos últimos están exigiendo pagos anticipados para despachar medicamentos, lo que altera los tiempos habituales de entrega. A ello se suma la falta de claridad en el manejo de recursos y posibles riesgos de corrupción debido a la ausencia de trazabilidad financiera.
Entre tanto, el viceministro de Salud, Jaime Hernán Urrego Rodríguez, afirmó que el seguimiento de la escasez de medicamentos es diario y riguroso. “Coincidimos en que el problema central sigue siendo la opacidad y la corrupción en el manejo de los recursos del sistema. Hay un entramado complejo entre EPS, operadores logísticos y grandes farmacéuticas que funciona como una caja negra”.
En Atlántico
Por su parte, el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, lanzó una alerta ante la suspensión del servicio de la IPS Bienestar que dejaría cerca de 150 mil usuarios adscritos a la Nueva EPS sin el acceso al servicio de salud por el no pago.
Remarcó que al cierre de octubre del 2025 la Personería de Barranquilla recibió cerca de 10 mil quejas por la falta de prestación del servicio de salud y la vulneración de los derechos de los ciudadanos.
Además, ratificó que el área jurídica de la coordinación en salud ha instaurado más de 500 tutelas por la vulneración de los derechos a los usuarios al negárseles medicamentos, citas médicas y cirugías entre otros.
“Hay algo que está pasando con las EPS y considero de mucha gravedad. Están eludiendo los desacatos cambiando a los gerentes para no cumplir con la medida cautelar que expide un juez de la república en favor del usuario”, declaró.
El secretario de Salud de Atlántico, Luis Carlos Fajardo, sostuvo que en el Departamento se cuenta con 86 puntos de atención entre puestos de salud y hospitales. Sin embargo, advirtió que las necesidades en materia de medicamentos siguen siendo altas.
“Tengo casos de personas que deben recorrer más de 20 kilómetros para llegar a los centros de atención, donde muchas veces los medicamentos se entregan de forma irregular: a unos les dan cuatro, cinco o seis unidades, y a otros siete u ocho”, sostuvo.
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