La Defensoría del Pueblo alertó sobre una regresividad en la garantía del derecho a la salud, especialmente en el acceso oportuno a medicamentos, y pidió al Gobierno nacional acelerar medidas estructurales, entre ellas una reforma al sistema.
El informe fue presentado este miércoles y evidencia un deterioro progresivo en la entrega de medicamentos en todo el país. Según la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, entre enero de 2020 y agosto de 2025 se interpusieron más de un millón de tutelas por salud. Solo en 2025, el 33,85% del total de acciones judiciales correspondió a este derecho, siendo el segundo más invocado en Colombia. Además, el 36,82% de las tutelas relacionadas con salud ese mismo año estuvieron asociadas específicamente a la entrega tardía de medicamentos o insumos.
“Los problemas de acceso afectan a personas de todo el territorio y no distinguen entre regímenes de atención. Tienen elementos de regresividad porque generan barreras, especialmente en medicamentos y atenciones de alto costo”, señaló Marín.
Agregó que, entre enero y agosto de 2025, la Defensoría acompañó o interpuso 18.451 tutelas para proteger el derecho a la salud, de las cuales el 24% se originó en la negación o demora en la entrega de medicamentos esenciales. Los departamentos con mayor número de casos fueron Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%).
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El informe se elaboró a partir de Puestos de Mando Unificado instalados en 19 departamentos, encuestas en puntos de dispensación y el acompañamiento de organizaciones médicas y de usuarios. Una de las conclusiones principales es que el problema no es el desabastecimiento, sino la falta de llegada de medicamentos al canal institucional, lo que obliga a los pacientes a comprarlos con recursos propios. El 61% de quienes no recibieron sus medicamentos reportó haber tenido que adquirirlos por su cuenta.
La Defensora explicó que la situación se relaciona con trabas en la cadena de pagos entre el Gobierno, EPS, IPS, gestores farmacéuticos y laboratorios. Estos últimos están exigiendo pagos anticipados para despachar medicamentos, lo que altera los tiempos habituales de entrega. A ello se suma la falta de claridad en el manejo de recursos y posibles riesgos de corrupción debido a la ausencia de trazabilidad financiera.
“La problemática combina factores financieros, administrativos y logísticos, y refleja un nivel de criticidad que compromete la sostenibilidad del sistema de salud”, afirmó.
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La Superintendencia Nacional de Salud reportó cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos. Entre 2022 y 2025, la Defensoría del Pueblo recibió 107.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud. Solo en 2024 registró 35.000, un incremento del 32% frente a 2023. Y entre enero y agosto de 2025 se radicaron cerca de 28.000 quejas por fallas en la prestación de servicios.
El informe incluye información del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Corte Constitucional, la Contraloría, la Procuraduría y datos recopilados directamente en territorio mediante la Estrategia de Respuesta Inmediata y los PMU.
Situación en Atlántico
En el departamento del Atlántico, aunque sí existe presencia de gestores farmacéuticos, las dificultades en la entrega de medicamentos también son evidentes, aunque con menor impacto que en otros territorios.
La Defensoría reiteró la necesidad de fortalecer la gobernanza territorial en salud, pues los mecanismos de seguimiento se encuentran centralizados en el nivel nacional.
“Se requiere que el control y la coordinación se ejerzan desde los territorios, con respuestas rápidas y no burocráticas”, subrayó Marín.
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