Los riesgos de siniestralidad en Colombia se incrementan diariamente por las imprudencias que cometen los diferentes actores viales, muchas veces por causa del desconocimiento de las normas y señales de tránsito.
Años atrás, los protocolos para conducir cualquier vehículo eran casi nulos e incluso para sacar una licencia de conducción solo había que acercarse a cualquiera de los diferentes puntos habilitados en los municipios y ciudades, es decir, que no era necesario ni un requisito indispensable realizar un curso en alguna escuela de enseñanza.
Sin embargo, en la actualidad todo ha cambiado debido a que cada vez son más las víctimas fatales que pierden la vida en las carreteras del territorio nacional. Una razón que ha obligado a las autoridades de tránsito y al Gobierno nacional a intervenir para que se garantice que un conductor cuente con todas las herramientas y maniobras necesarias para transitar de manera segura.
Lo anterior ha causado que ninguna persona logre acceder a una licencia de conducción sin antes haber aprobado las horas habilitadas para cada categoría vehicular en las escuelas de enseñanza, lo que ha ayudado a que estas tomen más fuerza y se incremente el costo de una licencia.
En Colombia, la cantidad de horas exigidas para obtener una licencia de conducción depende de la categoría. Para carro particular (B1) se requieren en promedio 30 horas teóricas y 20 prácticas; para moto (A2), unas 28 teóricas y 15 prácticas; y para licencias profesionales, como la C3, hasta 100 horas de formación. Todos los cursos deben completarse en un plazo máximo de 3 meses.
Pese a que la normatividad se ha reforzado con el pasar del tiempo, los siniestros no cesan debido a que algunas escuelas de enseñanza no estarían cumpliendo con lo reglamentado debido a que muchas veces se les ofrece maneras más fáciles y rápidas al estudiante para culminar su curso debido a que –en la mayoría de los casos– estos afirman saber conducir.
No obstante, esta situación no pasa de la misma manera en todos estos centros de enseñanza pues están aquellos que sí están comprometidos con la formación integral de los futuros conductores del país.
Con la Resolución N° 20253040037125, el Ministerio de Transporte determinó que los exámenes teóricos y prácticos finales dejarán de estar en manos de las escuelas de conducción y pasarán a ser responsabilidad exclusiva de los Centros de Apoyo Logístico y de Evaluación (CALE).
Ante todo este panorama, el Gobierno nacional ha advertido que busca implementar los CALE, con los que se pretende un cambio estructural en el proceso de obtención de la licencia de conducción en Colombia. Aunque esta medida no es una iniciativa exclusiva del actual gobierno —pues ya estaba contemplada en la normativa—, su regulación e implementación genera expectativas y también preocupación en distintos sectores.
Con los CALE, los exámenes teóricos y prácticos dejarán de ser responsabilidad de las escuelas de conducción y pasarán a estas nuevas entidades, que tendrán la potestad de certificar si un aspirante cumple con los requisitos para recibir la licencia. Este traslado busca garantizar mayor transparencia y calidad en la evaluación, pero a la vez podría debilitar el papel de las escuelas, reduciéndolas a un rol exclusivamente formativo sin capacidad de certificación.
Uno de los mayores impactos se sentirá en el aspecto económico ya que esto incrementaría notablemente los costos para que una persona aspire a la obtención de la licencia. Algunos expertos señalan que además podría tratarse de un negocio “redondo” similar al existente alrededor de las fotomultas, por lo que queda la incógnita de saber la transparencia con la que buscan ejecutar esta nueva regulación.
Por otro lado, las escuelas también estarán bajo mayor presión. Si un número significativo de sus estudiantes no logra aprobar los exámenes en los CALE, estas instituciones podrían ser objeto de auditorías y sanciones, lo que genera incertidumbre sobre su sostenibilidad.
Más allá del ámbito económico, el debate se centra en la responsabilidad sobre la seguridad vial. Para algunos instructores, es injusto señalar a las escuelas de conducción como responsables de la alta siniestralidad del país, cuando la educación vial debería ser un proceso formativo desde la niñez y no limitarse únicamente a la etapa en que un ciudadano aspira a conducir.
Nelson Moreno, profesor de la escuela Ruedas Barranquilla, explicó que se trata de un golpe fuerte para el sector.
“Nosotros venimos formando estudiantes en lo teórico y lo práctico, y aunque siempre hay aspectos por mejorar, el curso actual permite que el aprendiz adquiera lo fundamental para defenderse en la vía. Sin embargo, con la decisión del Gobierno, las escuelas ya no tendremos la facultad de certificar a los alumnos, lo que nos relega a un segundo plano”, señaló.
El profesor advirtió que, a largo plazo, esto podría incluso llevar a la desaparición de algunas instituciones, pues serán los CALE los únicos con la potestad de validar si el aspirante cumple con los requisitos para obtener la licencia.
Moreno manifestó que con la implementación de la nueva medida, los exámenes tendrán un costo adicional para los aspirantes. El teórico rondará los $100 mil y el práctico variará de acuerdo con la categoría de la licencia.
“Si un estudiante no aprueba, debe pagar de nuevo el 100 % del examen. Hoy en día un curso de motocicleta está en 900 mil pesos, más el examen psicosométrico que vale unos $240 mil. Con los nuevos cobros, una licencia puede llegar a costar entre $1.800.000 y $2.000.000”, explicó el experto en seguridad vial.
Además, comentó que aunque no se ha aclarado del todo este tema, está la posibilidad de que si un estudiante no aprueba en varios intentos tendría que repetir el curso desde cero.
En cuanto a la implementación en Barranquilla aún no hay certeza sobre qué entidad estaría a cargo de los CALE debido a que el Gobierno nacional habría señalado que estos estarían a cargo de instituciones de educación superior públicas, pero que habría también espacio para las mixtas o privadas.
“Hasta ahora lo que conocemos es lo que se ha publicado en redes o en borradores de la normatividad. A las escuelas no nos ha llegado información oficial del Ministerio de Transporte”, concluyó el profesor Moreno.
A su turno, Holman Noriega, director del Centro de Enseñanza Automovilística Osnor de Soledad, aseguró que aunque las escuelas deberán ser respetuosas de la ley, es “injusto” responsabilizarlas exclusivamente a ellas de los niveles de accidentalidad.
“La educación vial debería empezar desde la niñez, porque es un tema de comportamiento social, no solo de formación técnica para obtener la licencia”, indicó.
Respecto al impacto en las escuelas, Noriega aseguró que será principalmente económico. Las instituciones que basaron su operación en la productividad por volumen serán las más perjudicadas, mientras que aquellas enfocadas en una capacitación real podrían beneficiarse, siempre y cuando la norma se cumpla en al menos un 80 % de lo proyectado.
“Si el objetivo es enseñar, nos favorece. Pero si solo se busca la rentabilidad, será un perjuicio. La falta de educación vial en la población a quién beneficia. A quienes hacen parte del negocio de las sanciones y las multas. Cada año crecen las infracciones, como si no aprendiéramos nada. Hay un negocio perverso detrás de toda esta hegemonía. El pueblo es el que pierde, porque los costos se incrementan y se limita el acceso a la licencia de conducción”, concluyó.
Debido a la polémica de los aspectos positivos, negativos y del posible negocio económico que podría presentarse a través de la implementación de los CALE, desde las diferentes escuelas de Barranquilla y su área metropolitana se busca informar a la ciudadanía que aún no tiene licencia de conducción para que accedan a esta antes de que empiece a regir la nueva medida.
Es importante precisar que hasta el momento la medida solo aplicaría para quienes deseen adquirir su licencia por primera vez y no para los conductores que necesiten renovarla.
Lo positivo de la medida
Isidro Ruiz, consultor en movilidad y seguridad vial, destacó que en su opinión la puesta en marcha del CALE traería varias consecuencias positivas. En primer lugar, se garantizaría que la licencia solo sea entregada a quienes demuestran las competencias teóricas y prácticas necesarias.
En segundo lugar, pondría en evidencia a aquellas escuelas que, según denuncias, registran horas de clases que nunca dictan o certifican a alumnos sin haberles impartido la instrucción correspondiente. Esto permitiría depurar el sistema y darle más seriedad al proceso de formación de conductores.
“El problema es que en Colombia no se ha logrado implementar de manera efectiva el CALE, creado normativamente desde hace cerca de 10 años. Cada vez que el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte o la Agencia Nacional de Seguridad Vial, intenta implementarlo encuentra resistencia de parte de las asociaciones de centros de enseñanza, que hacen que se frene el proyecto”, declaró.
Ruiz resaltó que el proceso para obtener la licencia en Colombia es demasiado laxo si se compara con países como España, Chile o Estados Unidos, donde es común que un aspirante repruebe varias veces los exámenes antes de aprobar.
Para él, la licencia de conducción no debe entenderse como un derecho automático, sino como un privilegio condicionado al cumplimiento estricto de normas y competencias, dado que conducir implica una alta responsabilidad.
“Implementar controles más rigurosos no solo mejoraría la seguridad vial, sino que, a mediano y largo plazo, reduciría la siniestralidad”.
Usuarios se muestran en desacuerdo frente a la nueva medida
Ante el anuncio de las nuevas medidas, los más impactados de manera positiva o negativa serán los usuarios que deseen adquirir el permiso para conducir debido a que no solo se necesitará más dinero, sino también más tiempo.
El joven Kristian Ardila contó que actualmente se encuentra realizando su curso de conducción y que agradece haber tomado la decisión de aprender a conducir antes de que se intensificaran los costos.
“En mi opinión, la implementación de estos centros es una medida que muestra las ganas del actual Estado en robarle a la ciudadanía el dinero de cualquier manera y lugar posible”, expresó Ardila.
Asimismo, señaló que con la vigilancia a los sitios de enseñanza actuales era más que suficiente para que se garantizara el correcto funcionamiento y aprendizaje integral apoyando a un sector que se encuentra golpeado ante las dificultades económicas del país. “Les interesa más el pago adicional que verdaderamente asegurar una enseñanza y que la ciudadanía pueda acceder a este beneficio”.
A su turno, la usuaria Isabella Ciciliano dijo que ante toda la polémica que se ha suscitado por la implementación de los CALE, se dio lugar a nuevos interrogantes de si verdaderamente se podrá o no acceder a una licencia.
“Ahora mismo hay una desorientación de dónde asistir para poder obtener la licencia. Nadie te asegura del todo que te pueden preparar bajo los estándares del Gobierno. Le pusieron más trabas al ciudadano”, pronunció.
Otros usuarios mencionaron que hoy en día tener un vehículo es una necesidad y es por esto que se debería crear mecanismos que den respuesta a todas las garantías que se deben tener frente al tema.
