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Mediante un comunicado de prensa, liberado la tarde de este domingo, la Gobernación del Atlántico dejó ver todo su malestar, inconformidad y molestia por el proceder de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, que el sábado decidió cerrarle la puerta a la posibilidad de que la administración departamental asumiera el manejo del peaje y los 14 kilómetros de la vía.

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En el texto se lee: “La Gobernación del Atlántico rechaza de manera categórica el incumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de los compromisos pactados en las mesas de trabajo desarrolladas junto con la comunidad y las autoridades departamentales, orientadas a buscar una solución definitiva a la problemática del peaje Papiros, en el municipio de Puerto Colombia”.

Y escala en sus opiniones al manifestar que: “Resulta absurdo que ahora la ANI pretenda que la Gobernación del Atlántico asuma el pago de una indemnización al concesionario, cuando dichos recursos hacen parte de un contrato cuya estructuración y alcances no han sido socializados ni conocidos por la administración departamental. Esta exigencia no estaba contemplada en los acuerdos previamente pactados con la entidad nacional, y desconoce el principio de buena fe institucional que ha guiado todas las actuaciones del gobierno del Atlántico”.

La gobernación recordó que “Eduardo Verano de la Rosa ha liderado gestiones permanentes para articular los intereses del Gobierno Nacional, el concesionario y la ciudadanía, con el fin de desactivar un conflicto social que por años ha afectado la movilidad, la convivencia y la tranquilidad en la zona”.

Compromisos realizados:

La Gobernación relata que “el 5 de septiembre de 2024, durante una mesa de concertación celebrada en la Gobernación del Atlántico, y según consta en el acta firmada por el entonces vicepresidente y representante legal de la ANI, Juan José Oyuela, por los diputados del Atlántico, el gobernador Verano y representantes de la comunidad, la entidad nacional propuso que la Gobernación asumiera la operación y mantenimiento de un tramo de 12 kilómetros de vía, comprendido entre la Circunvalar de Barranquilla y la entrada a Puerto Colombia”.

Siempre según lo expuesto por la gobernación, “la propuesta fue aceptada de buena fe por el mandatario departamental”, como un paso determinante hacia el desmonte definitivo de la caseta de cobro de Papiros.

Durante dicha reunión, el entonces vicepresidente de la ANI, Juan José Oyuela, expresó textualmente:

“La voluntad está, empecemos a trabajar en esas mesas que tenemos que conformar para avanzar en la propuesta de la desafectación de vía” y agregó que: “tendremos que hacer unas revisiones, conformar unas mesas jurídicas; nosotros nos encargamos y haremos todos los temas con el concesionario para plasmar todo en un convenio interadministrativo.”

Los incumplimientos

No obstante, pese a los avances y al compromiso demostrado por el departamento: “la ANI no ha cumplido con los acuerdos alcanzados, y recientemente ha insistido en reanudar el cobro del peaje bajo una tarifa de $1.500, acompañada de la propuesta denominada ‘Alternativas técnicas y operativas Peaje Papiros’, contrariando lo pactado con la comunidad y el gobierno departamental”.

Es por esto que a consideración de la Gobernación: “Este incumplimiento vulnera los principios de confianza legítima y continuidad institucional, pues cada vez que se produce un cambio en la presidencia de la ANI o en el Ministerio de Transporte, los compromisos se truncan o desconocen, interrumpiendo el trabajo articulado y reactivando tensiones sociales en la zona”.

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Ante ello, la administración departamental reiteró su “disposición para continuar siendo mediadora entre la comunidad y el Gobierno Nacional, pero exige respeto por los acuerdos firmados, coherencia institucional y soluciones de fondo, sustentadas en estudios técnicos, financieros y legales que brinden tranquilidad y seguridad vial a los habitantes de Puerto Colombia y del Atlántico en general”.