Durante la Convención Nacional de Retail Farmacéutico, se hizo un llamado a repensar la visión de los recursos en el sistema de salud colombiano, señalando que los problemas actuales van más allá de lo financiero.
Augusto Galán, director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, presentó cinco “puntos estratégicos” para fortalecer el sistema de salud colombiano, pero sostuvo que la falta de concreción y el recurso al voluntarismo administrativo ponen en duda su viabilidad.
En materia de talento humano, Galán reconoce la ausencia de una política nacional de formación y distribución de profesionales orientada a la atención primaria. Propone llevar universidades al territorio y “desmedicalizar” la salud, pero omite detallar cómo se financiarán estos programas, cuál sería su cronograma de implementación o cómo se medirán sus resultados. Sin un marco presupuestal claro, la sugerencia de actuar sólo por “voluntad ministerial” resultará difícil de sostener.
Respecto a infraestructura, el director critica la limitada cobertura de internet —apenas 65 % en zonas rurales— y reclama más telemedicina. Sin embargo, al afirmar que no se necesita una nueva ley, sino “decisión administrativa”, deja en el aire la garantía de financiamiento continuo y mecanismos de rendición de cuentas. La dependencia de decretos ministeriales podría perpetuar la inestabilidad en la ejecución de proyectos clave.
El llamado a la interoperabilidad de los sistemas de información es otro de sus ejes, con la expectativa de que aseguradoras, prestadores y el Estado compartan datos de forma ágil. Galán señala que la Unidad de Pago por Capitación se calcula con dos años de retraso, pero no identifica quién liderará la estandarización de protocolos ni cómo se gestionarán los costos de integración tecnológica.
En cuanto a la política farmacéutica, el experto sugiere migrar de la regulación de precios a una basada en valor y costo-efectividad. No obstante, pospone cualquier detalle sobre la creación de un ente evaluador autónomo o la financiación de los estudios necesarios, lo que podría dilatar indefinidamente su puesta en marcha.
Finalmente, Galán admite con franqueza que el “maravilloso plan de beneficios” no cuenta con respaldo presupuestal y que durante los últimos 15 años el sistema vivió de inyecciones anuales de caja. Mencionó que aun así, se limita a diferenciar entre cubrir la operación de un año y garantizar la sostenibilidad a largo plazo, sin proponer fuentes específicas de financiación ni reformas tributarias o contributivas.
Aseveró también que sin una hoja de ruta que incluya leyes, presupuestos claros, plazos definidos e indicadores de seguimiento, las buenas intenciones difícilmente lograrán aterrizar en soluciones efectivas para el acceso oportuno y asequible a la atención médica.
Galán fue enfático al criticar una decisión del actual gobierno, la cual calificó como un “error grave y estratégico”: intervenir a los agentes encargados de la gestión de la demanda. Según él, esta medida, lejos de solucionar los problemas, agravó la situación de la oferta de servicios de salud. “Se pretendió resolver los problemas de oferta interviniendo la demanda, lo cual terminó por profundizar los obstáculos en el acceso y la oportunidad”, puntualizó.
Además, citó datos preocupantes sobre el impacto del sector salud en la pobreza multidimensional. Mientras antes era un factor de mejora, en los últimos años su aporte se ha vuelto negativo. “Estamos generando más barreras de acceso y eso termina afectando sobre todo a las poblaciones más vulnerables, que hoy enfrentan mayor gasto de bolsillo y, por ende, menor protección financiera”, alertó.
Diana Julieta Díaz, gerente de salud de ACEMI, destacó la irreversibilidad de los cambios que ha sufrido el sistema de salud colombiano en los últimos años. Al ser consultada sobre la viabilidad de regresar al modelo anterior, respondió de forma contundente: “no es posible volver atrás”, y subrayó que el reto ahora es construir un sistema capaz de responder con sostenibilidad, equidad y calidad a las nuevas necesidades de la población.
Para orientarse en ese propósito, Díaz propuso centrar el debate en cuatro grandes desafíos estructurales —y un quinto que dejó abierto al diálogo del auditorio—, partiendo siempre de la premisa de identificar qué es verdaderamente esencial. Cada uno de estos retos, explicó, requiere no solamente voluntad política, sino espacios de consenso técnico donde primen la transparencia y la participación ciudadana.
El primer desafío es recuperar la confianza entre todos los actores del sistema: aseguradores, prestadores, reguladores y, sobre todo, la ciudadanía. Según Díaz, el continuo clima de polarización y desconfianza impide acuerdos básicos para avanzar en políticas como la del talento humano en salud o la regulación farmacéutica. Sin confianza, afirmó, “es muy difícil implementar cualquier política pública”.
El segundo reto apunta a definir con rigor técnico la cobertura real y la eficiencia en el uso de recursos. “¿Realmente somos capaces de cubrir todo lo que la población requiere con los recursos que tenemos?”, preguntó Díaz, invitando a reflexionar sobre posibles límites al Plan de Beneficios en Salud y la optimización de procesos para garantizar que las intervenciones priorizadas brinden el mayor impacto.
En tercer lugar, Díaz insistió en la imperiosa modernización de los sistemas de información. A diferencia del sistema financiero, que opera en tiempo real, el sector salud aún depende de datos con dos años de retraso y presenta enormes brechas de conectividad e interoperabilidad. Sin un flujo de información confiable y actualizado, la toma de decisiones a nivel nacional y local se ve seriamente comprometida.
El cuarto desafío se relaciona con la transparencia financiera y la armonización de cifras: cada actor presenta saldos distintos sobre deudas y obligaciones, lo que dificulta la planeación y el saneamiento de las cuentas del sistema. Para Díaz, es esencial acordar un “plan de saneamiento” que despeje la incertidumbre presupuestal y permita proyectar con certidumbre el financiamiento de servicios y tecnologías.
Finalmente, la gerente de Acemi planteó un quinto reto dirigido específicamente a los gestores farmacéuticos: visibilizar su aporte más allá de la simple entrega de medicamentos. Según Díaz, estos intermediarios desempeñan una labor clave de gestión farmacéutica informada y de gestión del riesgo en salud, y deben reivindicar su rol para integrarse de manera más efectiva al conjunto de actores del sistema.
