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Durante la mañana de este viernes, un grupo de extrabajadores de los almacenes Tierra Santa realizó un plantón frente a la sede del Ministerio de Trabajo en Barranquilla como muestra de inconformidad por los “despidos masivos” que ha adelantado la firma Sarta y Aragón, que se encarga de la administración de la compañía debido a la intervención por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La manifestación, que estuvo acompañada de pancartas, pitos y trompetas, buscaba visibilizar las “injusticias laborales” y exigir el reintegro de quienes, según las manifestantes, fueron despedidas sin causa justa.

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Ana Medrano, representante de los familiares de los trabajadores, aseguró que desde que la SAE entregó la administración del almacén, han sido víctimas de “injusticias”.

“El almacén está en declive, no hay ventas y no solo le deben dinero a los trabajadores, sino también vacaciones y prestaciones sociales. Entre las personas despedidas hay madres lactantes, mujeres cabeza de hogar y personas en condición de discapacidad”, comentó.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDOEn los carteles se reportaron las situaciones irregulares en la firma.

Además, aseguró que los despidos se efectuaron tras denuncias de las trabajadoras sobre la “falta de humanidad en su lugar de trabajo”, donde no existen baños dignos ni pagos justos.

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Es de anotar que en la sede de Mintrabajo se cumplió una audiencia, en la cual también participó un representante de la firma administradora. Sin embargo, no fue posible un acuerdo entre las partes.

Los trabajadores indicaron que en el espacio, el abogado de la empresa alegó que solo estudiarán los casos de las madres cabeza de hogar y de las personas con enfermedades laborales.

“Según él, muchas de las discapacidades son de nacimiento y no tienen nada que ver con la empresa”, dijo Berenice Coronado, otra de las manifestantes.

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También expuso que los pocos trabajadores activos actualmente se niegan a hablar por miedo a ser despedidos.

Cabe recordar que Tierra Santa fue intervenida en 2022 por presunto lavado de activos y contrabando. En su momento fueron judicializadas cerca de 20 personas, así como se aplicó extinción de dominio a más de mil bienes.