Tras darse a conocer este miércoles el fallo de nulidad del Consejo de Estado sobre la ordenanza 000075 de la Asamblea del Atlántico, que establecía los límites entre Puerto Colombia y Barranquilla, el secretario jurídico del Atlántico, Rachid Nader, fue enfático en que esta decisión no le devuelve el Corredor Universitario a ninguno de los dos territorios.
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“Lo que reaviva esta sentencia es un conflicto limítrofe que se da a partir de una superposición cartográfica existente entre la ordenanza 030 del año 2013, y el acto legislativo 01 de 1993, cuando se trazan unos límites entre Barranquilla y Salgar, algo que se trató de solventar desde los años 60, y que desde el primer gobierno de Eduardo Verano fue una priorizada, pero lo que tenemos al día de hoy es una zona de indefinición que debe ser delimitada”, comentó.
En ese sentido, el funcionario precisó que “en este tipo de situaciones lo que se debe iniciar oficiosamente es un proceso de deslinde por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), donde los representantes legales de Barranquilla y Puerto Colombia se pongan de acuerdo en un trazado provisional que luego debe ser refrendado por el Comité de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República”.
Agregó, además, que “si el Congreso no resuelve este conflicto limítrofe, la misma norma estipula que el trazado provisional que realice el Igac adquiera vigencia para la recaudación de impuestos”.
Nader recordó también que este tipo de procesos ya se han llevado a cabo en el departamento.
“El año anterior hubo un conflicto limítrofe entre el Atlántico y Bolívar, y el Igac se encargó de establecer un trazado por la zona de galerazamba y el Volcán del Totum, entonces esperamos desde la Gobernación que haya el mejor de los entendimientos para que ambas partes logren resolver la situación de esta manera”, puntualizó.
Es de anotar que cerca de 1.402 hectáreas del Corredor Universitario, en el cual se ubican varios colegios, universidades, almacenes de cadena, clubes sociales y villas campestres, están en disputa por su control administrativo.
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