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Luego de que el representante Gersel Pérez y la comunidades étnicas del Atlántico radicaran una acción de tutela el pasado 13 de diciembre por la implementación del nuevo peaje en Arroyo de Piedra.

La acción de tutela fue contra el Ministerio de Transporte, Invías, ANI, la Concesión Vial Autopistas del Caribe, la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa y el Ministerio del Interior, en la que se argumentó que ejecuta una vulneración de los derechos fundamentales a la consulta previa, debido proceso, igualdad y diversidad étnica.

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Tras esto, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga admitió la tutela, y les otorgó un plazo de dos días para que den a conocer “un informe detallado sobre los hechos relacionados en la solicitud y envíen los documentos que lo sustentan. Posteriormente, en un término no superior a 10 días, el juez deberá tomar una decisión de fondo al respecto”, se lee en el comunicado.

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Asimismo, solicitaron la suspensión de las resoluciones hasta que se realice la consulta previa con las comunidades étnicas afectadas: Resolución 20213040028355 del 7/07/21 y Resolución 20213040048185 del 13/10/21.

“Presentamos una acción de tutela por el incumplimiento del gobierno nacional a la Ley 21 de 1991, que establece que en cualquier sector, sea administrativo o legal, donde se vaya a afectar a las minorías étnicas, se debe realizar la consulta previa. Hoy, el Ministerio de Transporte, INVÍAS y la ANI no han cumplido con esta obligación. Pedimos una medida cautelar para que este nuevo peaje no sea implementado”, expresó el congresista del Atlántico, Gersel Pérez.

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Y añadió: “Al gobierno nacional no le basta con las tarifas altas de energía en el Caribe; hoy estamos afectados en algunos sectores donde ni siquiera nos llega el agua potable, no hay alcantarillado y ni siquiera el servicio de gas. Definitivamente, esta brecha lo que busca es afectar económicamente los sectores donde están nuestros asentamientos. Basta ya de tanta indiferencia con el Caribe Colombiano”.