En una reunión realizada en últimas horas con algunos de los principales actores sobre el tema, la Procuraduría General de la Nación, a través de su procurador delegado, expresó su enérgico rechazo ante la falta de un plan claro y estructurado para la intervención de la empresa Air-e, un proceso que, según anunció el agente especial hace pocos días, tiene fines de liquidación y administración temporal.
En una reunión convocada de manera urgente, y de la que luego expidió un comunicado, el organismo de control manifestó su preocupación por la “ausencia de un plan concreto y estructurado”.
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En dicha reunión, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Mineros Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, explicó que, hasta el momento, no se ha presentado un cronograma definido, un plan de acción ni los presupuestos necesarios para llevar a cabo el proceso de intervención.
“Es incomprensible que se ordene una intervención con fines de liquidación sin tener claro un horizonte de tiempo ni las acciones necesarias para resolver los problemas estructurales de la empresa”, subrayó.
Además, destacó que es incierto cómo se garantizará la continuidad del servicio para los usuarios.
Según informó la misma procuraduría, en la reunión, el ente de control solicitó al agente interventor presentar el informe detallado que justifique la intervención y los fines de liquidación, así como los documentos que den cuenta de los desembolsos realizados desde el Fondo Empresarial, que supera los 107 mil millones de pesos, para cubrir los pasivos y gastos actuales de la empresa.
También se requirió información sobre el cupo otorgado por el Fondo Nacional de Garantías para cubrir los compromisos de Air-e con los generadores de energía.
Como medida de seguimiento, el Ministerio Público convocará a una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Minas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio, y otros actores clave, con el objetivo de definir cómo se financiará la intervención, los plazos para la misma y el plan de acción del Gobierno nacional.
